Subir de forma abrupta el impuesto al cigarrillo en Colombia podría producir el efecto contrario al que busca la política pública. En lugar de aumentar el recaudo y reducir el consumo, una tarifa más alta podría empujar el mercado hacia el contrabando, recortar los ingresos de los departamentos y ampliar las rentas de las redes criminales. Esa es la principal conclusión del estudio Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado, elaborado por Daniel Mejía, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Juan Manuel Lozano.
El análisis parte de un dato que cambia por completo la discusión tributaria: el mercado ilegal de cigarrillos ya supera el 35% del consumo total en Colombia, con una incidencia todavía mayor en regiones como la Costa Atlántica, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima. A eso se suman pérdidas fiscales superiores a un billón de pesos para los departamentos.
El punto de quiebre del impuesto
La investigación modela de manera simultánea cuatro variables que suelen discutirse por separado: consumo total, participación del mercado ilegal, recaudo fiscal y rentas criminales. El hallazgo central es que existe un umbral a partir del cual seguir subiendo el impuesto deja de aumentar el recaudo y empieza a destruirlo, mientras el contrabando gana participación y los grupos ilegales capturan una porción mayor del negocio.
Según las simulaciones, si el impuesto específico por cajetilla subiera desde los $4.068 actuales hasta $11.200, como se contempló en el decreto tributario expedido durante la emergencia económica de diciembre de 2025, el consumo total apenas caería 9,5%, pero el mercado ilegal podría pasar a representar entre 90% y 95% del total.
Ese mismo escenario tendría un golpe fiscal severo. El recaudo de los departamentos podría caer 75%, hasta cerca de $240 mil millones, una contracción fuerte frente al máximo estimado de alrededor de $970 mil millones anuales que identifica el modelo con incrementos más moderados.
Más impuesto, más caja para las redes criminales
El otro impacto es de seguridad. El estudio calcula que, con una tarifa de $11.200 por cajetilla, las rentas ilegales asociadas al contrabando podrían pasar de $395 mil millones a más de $900 mil millones anuales.
Daniel Mejía lo plantea sin rodeos: “En presencia de un mercado ilegal significativo y capacidades limitadas de control del contrabando, subir los impuestos a los cigarrillos legales no es una política efectiva, ni en materia de salud pública ni en términos de recaudo fiscal”.
El economista agrega otra advertencia clave sobre el destino de esos recursos: “Parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece; se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales”.
La conclusión es incómoda para el debate público porque obliga a reconocer que una política diseñada para desincentivar el consumo puede terminar financiando estructuras criminales si ignora la magnitud del canal ilegal.
Salud pública, finanzas territoriales y seguridad
El trabajo insiste en que el debate no puede reducirse a una sola dimensión. Desde la óptica de salud pública, el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenible. Pero, en Colombia, el impuesto al cigarrillo también pesa sobre las finanzas territoriales y sobre la capacidad de financiar gasto en salud, recreación y deporte.
Ahí aparece la paradoja. Si el contrabando erosiona las ventas legales, también erosiona el recaudo que financia parte de esos rubros, debilitando por la vía fiscal el mismo objetivo de salud que se busca fortalecer con más impuestos. El estudio recuerda que, en promedio, este tributo representa cerca del 13% de los ingresos tributarios departamentales.
Qué recomienda la investigación
La recomendación principal no es congelar la discusión tributaria, sino rediseñarla. Mejía plantea que los impuestos al tabaco y el control al contrabando deben tratarse como políticas complementarias, no como frentes aislados. Eso implica evitar aumentos bruscos, hacer evaluaciones ex ante que incorporen el mercado ilegal y acompañar cualquier reforma con un fortalecimiento real de la DIAN, la POLFA y las capacidades territoriales de control.
El cierre del estudio resume ese punto con claridad: “Subir los impuestos a los cigarrillos puede ser deseable desde un punto de vista de salud pública, pero sólo es sostenible si se hace sin empujar el sistema hacia la parte descendente del recaudo y si se reduce simultáneamente la rentabilidad del negocio ilegal”.
El debate que viene
Lo que pone sobre la mesa esta investigación no es una defensa del cigarrillo ni una objeción automática a los impuestos saludables. Es una advertencia sobre los límites de una política mal calibrada en un país donde el contrabando ya dejó de ser marginal.
En Colombia, subir impuestos sin cerrar primero la puerta del mercado ilegal puede terminar generando una triple pérdida: menos recaudo, menor efectividad sanitaria y más dinero para organizaciones criminales. Ese ya no es solo un problema tributario. Es una discusión de seguridad, de finanzas públicas y de capacidad real del Estado para controlar el territorio.
