Colombia necesita un Estado ágil, no un monstruo de gasto

Hoy, Colombia se encuentra al filo de un dilema fiscal: por un lado, la deuda pública crece a un ritmo que compromete nuestra capacidad de inversión; por el otro, el gasto corriente –nóminas, burocracia y funcionamiento– absorbe fondos que deberían destinarse a proyectos estratégicos. Esta doble presión encarece el financiamiento y reduce la competitividad de las empresas, justo cuando más se necesita dinamismo para impulsar la reactivación económica.

Como país en desarrollo, no podemos darnos el lujo de un Estado pesado e inflexible. Cada peso invertido en procesos ineficientes es un peso menos para hospitales, colegios o carreteras, y un peso más en impuestos para ciudadanos y empresas. En mi experiencia, las administraciones que han triunfado ante desafíos similares optaron por:

1. Reorganizar entidades con funciones redundantes.

2. Digitalizar trámites para reducir costos y tiempos.

3. Vincular el presupuesto a resultados, no a carpetas llenas de papeles.

Estos cambios no son un recorte ideológico, sino una reivindicación del rol esencial del Estado: garantizar oportunidades, seguridad y servicios, sin convertirse en un tirano fiscal. Para lograrlo, gobierno y sector privado deben aliarse en un pacto de responsabilidad compartida que defina metas claras y mecanismos de rendición de cuentas.

Pero no se trata solo de ajustar el tamaño del Estado. También es momento de reconocer que el verdadero crecimiento del país depende del sector productivo. Las empresas crean empleo, generan innovación, exportan, arriesgan y atraen inversión. Ahogarlas en impuestos o tratarlas como enemigos es dispararse en el pie.

Colombia necesita un entorno donde el Estado garantice reglas claras y estabilidad, y donde las empresas tengan las condiciones para crecer, formalizarse y competir globalmente. Ese es el único camino para lograr un desarrollo sostenido, con bienestar real para millones.