Delitos informáticos crecieron 12% y elevan el debate sobre derechos digitales

Colombia reportó 19.182 casos de delitos informáticos entre enero y marzo de 2026, un incremento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Ministerio de Defensa.

El aumento ocurre mientras más trámites, servicios financieros, actividades laborales y relaciones comerciales migran hacia canales digitales. Esa transformación amplía las oportunidades de acceso, pero también expone información personal, credenciales e identidades a fraudes, suplantaciones y accesos no autorizados.

La discusión ya no se limita a la protección de redes empresariales. La ciberseguridad empieza a ser entendida como una condición necesaria para garantizar derechos como la privacidad, el control de los datos personales y la identidad digital.

La ciberseguridad deja de ser un asunto exclusivamente técnico

Durante años, las estrategias de seguridad informática se concentraron en proteger servidores, dispositivos y sistemas críticos. La expansión de los servicios digitales obliga ahora a observar también las consecuencias que un incidente puede tener sobre las personas.

Una filtración de información, por ejemplo, no representa únicamente una falla tecnológica. Puede facilitar la suplantación de identidad, afectar la reputación de un ciudadano, exponer información financiera o permitir el uso de datos sin autorización.

“Durante años se entendió la ciberseguridad como una herramienta para proteger sistemas y activos tecnológicos. Hoy, además, cumple una función esencial en la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la identidad digital y el control de los datos personales”, explicó Carolina Buenhombre Patiño, gerente del área Jurídica de SONDA Colombia.

Esta lectura exige que las decisiones sobre seguridad involucren no solo a las áreas de tecnología, sino también a equipos jurídicos, de riesgos, cumplimiento, experiencia del cliente y gobierno corporativo.

Qué son los derechos digitales

Los derechos digitales trasladan al entorno conectado garantías que ya existen en la vida física y plantean nuevas discusiones asociadas con el uso permanente de datos.

Entre ellos aparecen la protección de la identidad y la reputación digital, el derecho al olvido, la privacidad de las comunicaciones y la posibilidad de decidir cómo se recopila, utiliza y conserva la información personal.

La creciente automatización de decisiones también añade preguntas sobre transparencia. Cuando una empresa utiliza algoritmos para aprobar una solicitud, evaluar un riesgo o personalizar una oferta, debe establecer controles que permitan explicar el uso de los datos y corregir posibles errores.

La regulación continúa siendo indispensable, pero su eficacia depende de que las organizaciones cuenten con capacidades reales para prevenir ataques, detectar incidentes y responder oportunamente.

La confianza se convierte en un activo empresarial

La protección de datos dejó de ser únicamente una obligación de cumplimiento. También influye en la confianza que clientes, trabajadores y proveedores depositan en una organización.

Una compañía puede cumplir formalmente con sus políticas de privacidad y, aun así, perder credibilidad si no protege adecuadamente la información que administra. Los incidentes digitales afectan la continuidad operativa, generan costos legales y pueden deteriorar relaciones comerciales construidas durante años.

Este riesgo aumenta en sectores que manejan información sensible, como banca, salud, educación, comercio electrónico y servicios públicos.

“La transformación digital ha ampliado el ejercicio de derechos en entornos digitales, pero también ha creado nuevos riesgos. Por eso, la conversación sobre ciberseguridad debe abordarse desde una perspectiva jurídica y centrada en las personas, además de la tecnológica”, agregó Carolina Buenhombre Patiño.

La protección debe diseñarse desde el inicio

Para las empresas, el enfoque implica incorporar seguridad y privacidad desde la creación de productos, aplicaciones y servicios, y no únicamente después de que ocurra un incidente.

Esto incluye limitar la recopilación de información a los datos realmente necesarios, definir quién puede consultarlos, fortalecer los sistemas de autenticación y establecer procedimientos claros para informar a los afectados cuando se presenta una vulneración.

También requiere capacitar a los trabajadores. Una parte de los ataques aprovecha errores humanos, contraseñas débiles, mensajes fraudulentos o accesos concedidos sin verificar la identidad del solicitante.