Gremio gasolinero advierte que decreto del diésel no puede aplicarse

El Decreto 1428 de 2025, con el que el Gobierno busca aplicar un precio diferencial al diésel para ciertos vehículos de alta gama, ya enfrenta cuestionamientos desde las estaciones de servicio del país. El gremio Somos Uno aseguró que la medida “existe en papel”, pero que hoy no tiene forma de operar en la práctica.

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, afirmó que el Ministerio de Minas y Energía todavía no ha expedido la reglamentación necesaria para que las estaciones puedan ejecutar la medida. “Debemos ser claros: la medida existe en papel, pero es casi que inaplicable en la práctica. A la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha expedido la reglamentación que le daría vida operativa al decreto”, señaló.

La advertencia llega en un momento sensible para el mercado de combustibles en Colombia, donde el precio del ACPM sigue siendo uno de los temas más sensibles para transportadores, consumidores y Gobierno.

Las estaciones no pueden identificar qué vehículo abastecen

El principal problema, según el gremio, es operativo. Las estaciones de servicio no cuentan con infraestructura tecnológica ni mecanismos para identificar qué tipo de vehículo está tanqueando combustible, condición necesaria para aplicar precios diferenciados.

Además, el sector advierte que implementar controles de verificación implicaría costos adicionales que hoy nadie dentro de la cadena de combustibles está en capacidad de asumir.

“Las estaciones de servicio en todo el país no tienen, ni los mecanismos ni la infraestructura para identificar el tipo de vehículo que abastecen”, explicó Jiménez Mejía.

El decreto deja preguntas financieras sin resolver

Otro de los puntos que preocupa a las EDS es el modelo financiero detrás de la medida. El gremio sostiene que actualmente las compras de combustible se realizan bajo operaciones cerradas y sin mecanismos diferenciados según el consumidor final.

Somos Uno cuestionó quién asumiría el costo del diferencial de precios, cómo se manejarían las cuentas por cobrar y pagar y bajo qué esquema se liquidaría esa diferencia económica.

“Son preguntas sin respuesta, y sin respuestas claras no hay reglamentación viable”, afirmó el vocero gremial.

La discusión no es menor. El Gobierno busca focalizar subsidios y aliviar el impacto del combustible en sectores específicos, pero cualquier modificación al esquema actual implica ajustes operativos para distribuidores mayoristas, estaciones y sistemas de facturación.

Oriente Medio mantiene presión sobre los combustibles

El gremio también advirtió que el panorama internacional podría seguir presionando los precios internos del combustible en Colombia.

La tensión geopolítica en Oriente Medio continúa impactando el precio internacional del petróleo, situación que podría trasladarse al mercado local dependiendo de las decisiones del Gobierno sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

“El gremio monitorea la situación de cerca, pero cualquier estimación de incremento adicional dependerá de la evolución del conflicto y de las decisiones de política de precio que adopte el Gobierno colombiano frente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, dijo Jiménez Mejía.

El debate sobre el precio diferencial del diésel deja abierta una discusión más amplia para el país: hasta qué punto el sistema actual de distribución de combustibles tiene capacidad tecnológica y financiera para soportar esquemas segmentados de subsidios y tarifas. Para el sector gasolinero, la intención de generar mayor equidad puede ser válida, pero advierten que implementar medidas sin operación clara podría terminar trasladando más presión a una cadena que ya enfrenta mayores costos y márgenes ajustados.