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Nuevas reglas para avalúos exigen mayor precisión en la información predial
Los avalúos comerciales en Colombia tienen nuevas reglas desde 2026. Esri explica cómo los datos geográficos ayudan a gestionar predios y servidumbres
Martes, Octubre 20, 2026
Colombia actualizó las reglas técnicas para la elaboración de avalúos comerciales mediante la Resolución 0941 de 2026 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), una disposición que refuerza la necesidad de utilizar información verificable en los procesos de valoración inmobiliaria y gestión predial.
La norma, expedida el 31 de julio de 2026, establece métodos y condiciones para elaborar y presentar avalúos comerciales. Su aplicación resulta relevante para los responsables de la gestión predial y para los proyectos de infraestructura que deben evaluar restricciones territoriales, afectaciones y condiciones jurídicas de los inmuebles.
En este proceso, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten integrar datos catastrales, ambientales y de ordenamiento territorial para mejorar la identificación de riesgos y el seguimiento de servidumbres.
¿Qué cambia con la Resolución IGAC 0941 de 2026?
La nueva regulación actualiza el marco técnico de los avalúos comerciales y establece criterios para fortalecer la objetividad, consistencia y verificabilidad de la información utilizada por los avaluadores.
Entre los aspectos relevantes para la gestión predial está la necesidad de considerar las condiciones jurídicas y normativas de los inmuebles, incluidas las afectaciones y restricciones de uso que puedan influir en su valoración.
Para las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura, esta información puede resultar determinante al evaluar terrenos y anticipar posibles conflictos.
“Los SIG no reemplazan el análisis jurídico ni el trabajo del avaluador, ellos fortalecen la calidad y trazabilidad de la información que soporta los procesos”, señaló José Sánchez, líder de Administración de Tierras en Esri Colombia.
Aunque la resolución no establece la obligación general de contratar una plataforma SIG específica, las herramientas geográficas pueden facilitar el análisis y la documentación técnica requerida.
Los sistemas de información geográfica ayudan a gestionar servidumbres
Las servidumbres son derechos o limitaciones que pueden afectar el uso de un predio para permitir determinadas actividades sobre él, como el paso de infraestructura o el acceso a instalaciones.
Su administración exige considerar información jurídica, catastral, ambiental y operativa, especialmente cuando las condiciones del territorio cambian durante la ejecución de un proyecto.
“Al integrar en un mismo entorno la información jurídica, catastral, ambiental, predial y operacional, las empresas pueden tener una visión mucho más completa de sus servidumbres: ubicación, densidad, estado y situaciones de posible riesgo”, explicó Katherine Ivonne Vargas, gerente de Infraestructura de Esri Colombia.
Según la compañía, estas herramientas también facilitan la identificación de nuevas construcciones, ocupaciones no autorizadas y modificaciones del terreno que podrían afectar la operación de una infraestructura.
Inteligencia artificial y datos satelitales para anticipar riesgos
Plataformas como ArcGIS de Esri permiten combinar información georreferenciada, imágenes satelitales, análisis espacial y tecnologías de inteligencia artificial geográfica, conocida como GeoIA.
Estas capacidades pueden utilizarse para identificar patrones, detectar cambios territoriales y priorizar áreas que requieren revisión por parte de los equipos técnicos.
“A la visualización de las servidumbres, para entender qué está cambiando alrededor de ellas se suma el análisis espacial, la teledetección, las imágenes satelitales y de otras fuentes de información, la GeoIA y la automatización”, explicó José Sánchez, de Esri Colombia.
Para las empresas de infraestructura, contar con información territorial actualizada puede ayudar a reducir incertidumbre durante la planificación y el seguimiento de proyectos.
El impacto de la nueva regulación dependerá de la calidad de los datos y de la capacidad de convertirlos en decisiones técnicas y jurídicas fundamentadas, especialmente cuando una restricción predial puede modificar costos, cronogramas o la viabilidad de una obra.