¿Son ilegales las tarifas de energía? Una mirada a los hechos

El pasado jueves 30 de enero, los barranquilleros marcharon en contra de las altas tarifas de energía, mientras que el presidente Gustavo Petro calificó estas tarifas como ilegales, una afirmación que merece un análisis riguroso. En un sector como el eléctrico, que opera bajo una estricta regulación técnica y económica, estas declaraciones no solo carecen de fundamento jurídico, sino que también desinforman y generan incertidumbre en un momento crítico para el sistema energético colombiano.

La tarifa de energía que pagan los usuarios finales en Colombia, definida como el Costo Unitario (CU), es el resultado de un cálculo exhaustivo compuesto por seis elementos principales: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Este esquema es el producto de más de tres décadas de regulación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), conforme a las leyes 142 y 143 de 1994.

Desglosando el Costo Unitario (CU)

1. Generación (G): Representa el costo de producir la energía, que en su mayoría proviene de contratos a largo plazo y subastas públicas, diseñadas para garantizar transparencia y estabilidad en los precios.

2. Transmisión (T) y Distribución (D): Corresponden al transporte de la energía desde las plantas generadoras hasta las redes locales, un proceso que incluye mantenimiento e inversión constante en infraestructura.

3. Comercialización (C): Incluye los costos administrativos y el margen operativo de los comercializadores que llevan la energía al usuario final.

4. Pérdidas (PR) y Restricciones (R): Reflejan ineficiencias inherentes al sistema y los costos asociados a garantizar la continuidad del servicio, incluso en condiciones adversas como sequías o fenómenos de El Niño.

La importancia de una regulación técnica

El rol de la CREG, como órgano técnico, ha sido crucial para garantizar que estas tarifas reflejen los costos reales del servicio y mantengan la sostenibilidad del sistema. Lejos de ser "ilegales", como se afirmó, este modelo tarifario ha permitido superar retos como sequías prolongadas sin interrupciones, un logro destacable frente a los apagones que han afectado a otros países de la región.

Sin embargo, desinformar sobre la legalidad de las tarifas puede desincentivar la inversión y generar una percepción de inseguridad en un sector que depende de la confianza y el apoyo de sus actores públicos y privados. Proyectos clave en regiones como La Guajira enfrentan retrasos que, sumados a mensajes imprecisos, agravan la falta de nueva oferta energética, según lo reportaron gremios del sector.

El llamado a la información objetiva

Ante esta situación, es esencial promover un debate informado y basado en hechos. Como ciudadanos y usuarios del sistema eléctrico, debemos exigir no solo transparencia en las decisiones del Gobierno, sino también responsabilidad al comunicar la realidad del sector energético. Este no es el momento de hacer política con la desinformación; es el momento de construir soluciones que aseguren la estabilidad y el desarrollo sostenible del sistema.

En conclusión, el Costo Unitario no es un número arbitrario ni un simple cobro al usuario final. Es el reflejo de un sistema regulador complejo y técnico que busca equilibrar la confiabilidad del servicio, la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica. Reconocer esta realidad es el primer paso hacia un debate constructivo y responsable sobre el futuro energético de Colombia.