Patrimonio de las EPS cayó a -$18,72 billones en mayo de 2026

El patrimonio agregado de las EPS, sin incluir a Nueva EPS, pasó de -$260.000 millones en 2021 a -$18,72 billones en mayo de 2026, según un análisis publicado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODESS.

Un análisis realizado por Felipe Carrizosa Restrepo, atribuye el deterioro financiero a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, las deudas acumuladas con clínicas y hospitales y un ambiente de desconfianza entre el Estado y los actores privados del sistema.

La evolución presentada en el informe muestra un deterioro acelerado: el patrimonio agregado de las EPS llegó a -$2,81 billones en 2022, -$5,19 billones en 2023, -$9,75 billones en 2024 y -$16,86 billones en 2025. Para mayo de 2026, el saldo negativo había aumentado otros $1,86 billones.

El análisis advierte que las consecuencias ya se trasladaron a pacientes, profesionales e instituciones prestadoras mediante demoras en medicamentos, cierre de servicios, pagos atrasados y alteraciones en la atención de personas con enfermedades crónicas.

La siniestralidad permanece por encima del equilibrio

La siniestralidad agregada del Plan de Beneficios en Salud alcanzó el 102,37% en mayo de 2026, sin incluir los datos de Nueva EPS para el periodo comprendido entre 2024 y 2026.

Esto significa que, por cada $100 reconocidos para atender a los afiliados, las EPS destinaron más de $102 a cubrir servicios de salud, antes de considerar otros gastos administrativos y operativos.

La serie incluida en el informe muestra que la siniestralidad pasó del 98,99% en 2021 al 101,22% en 2022. Posteriormente subió al 104,03 % en 2023, 105,48% en 2024 y 107,56 % en 2025.

Aunque el indicador bajó durante los primeros cinco meses de 2026, continúa por encima del punto de equilibrio. Para Carrizosa, esta evolución refleja una UPC insuficiente frente al costo real de la atención.

El documento cita información presentada por ACEMI durante un seminario realizado el 15 de julio de 2026 por la Universidad Externado de Colombia, CEPESS y CODESS.

Más de 4.100 IPS habrían cerrado

La crisis financiera también afecta a las instituciones prestadoras de servicios. El análisis señala que más de 4.100 IPS cerraron durante los últimos años, de acuerdo con una presentación citada dentro del documento.

Las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores han reducido el flujo de caja disponible para pagar personal, adquirir medicamentos y mantener abiertos servicios de atención.

El efecto no se limita a los balances empresariales. La falta de liquidez puede traducirse en aplazamiento de procedimientos, menor disponibilidad de especialistas y restricciones en la atención de pacientes de alto costo.

El documento también menciona remuneraciones atrasadas a profesionales de la salud, obligaciones pendientes con farmacéuticas y disrupciones en los modelos de atención.

CODESS cuestiona el ambiente para la inversión privada

La tesis central del análisis es que la recuperación financiera no será suficiente sin reconstruir la confianza entre el Gobierno, las EPS, las IPS, los profesionales de la salud y los proveedores.

Carrizosa sostiene que el énfasis en una mayor participación estatal y la desvalorización del papel de los actores privados han reducido los incentivos para permanecer o invertir en el sistema.

El problema, según el autor, no está únicamente en la discusión sobre el modelo, sino en la percepción de inestabilidad de las reglas y falta de objetividad en las actuaciones de las autoridades.

El informe advierte que incluso si en 2027 se estableciera una UPC técnicamente suficiente, persistiría la incertidumbre sobre las pérdidas acumuladas durante los años anteriores y sobre quién asumiría ese deterioro patrimonial.

EPS han intentado retirarse del sistema

El documento recuerda que durante 2024 dos EPS manifestaron su intención de abandonar progresivamente el aseguramiento en salud debido a las dificultades financieras.

Una de ellas solicitó su retiro voluntario total, pero la Superintendencia Nacional de Salud rechazó la petición y ordenó una revocatoria parcial, con continuidad de operaciones en Bogotá y Cundinamarca.

Otra entidad presentó un programa de desmonte progresivo sustentado, entre otros argumentos, en la insuficiencia de la UPC y de los presupuestos máximos. La solicitud también fue negada.

El análisis menciona además la intervención de otra EPS en abril de 2024, decisión que posteriormente perdió sustento tras un pronunciamiento de la Corte Constitucional por incumplimiento del debido proceso. La entidad fue devuelta a sus propietarios en septiembre de 2025.

Recuperar la confianza antes de atraer capital

La salud es un sector que demanda inversiones permanentes en tecnología, infraestructura, talento y capacidad hospitalaria. Sin reglas previsibles y mecanismos de pago sostenibles, los recursos privados pueden desplazarse hacia actividades con menor riesgo regulatorio.

El documento no plantea que la confianza reemplace las reformas financieras, institucionales o regulatorias. Su argumento es que esas medidas tendrán un alcance limitado si quienes operan el sistema no consideran viable permanecer en él.