Andesco advierte que huelga en ESSA pondría en riesgo a 958.000 usuarios

Una eventual huelga en la Electrificadora de Santander (ESSA) podría tener efectos que trascienden el ámbito laboral y entrar en el terreno constitucional. Así lo advirtió la Andesco tras el anuncio de cese de actividades por parte de Sintraelecol en Bucaramanga.

Según el gremio, la suspensión del servicio de energía impactaría a 958.344 usuarios en 102 municipios y seis departamentos del país, lo que comprometería la continuidad de un servicio considerado esencial.

El debate jurídico: ¿puede haber huelga en energía?

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, recordó que el artículo 56 de la Constitución establece que el derecho a la huelga no aplica en servicios públicos esenciales, condición desarrollada por el artículo 4 de la Ley 142 de 1994.

En el caso del sector eléctrico, la operación es continua e interdependiente, lo que dificulta implementar esquemas de “servicios mínimos” sin comprometer la estabilidad del sistema y la seguridad de la infraestructura.

El eje del pronunciamiento no es laboral, sino constitucional: la prevalencia del interés general.

Impacto social y sistémico

Más allá de la discusión jurídica, Andesco advierte sobre el alcance operativo de una eventual suspensión.

Entre los usuarios que podrían verse afectados se encuentran:

• 517 establecimientos de salud.

• 71 usuarios electrodependientes o en condición crítica.

• 47 hogares geriátricos.

• 54 hogares del ICBF.

• 260 acueductos.

• 3.492 instituciones educativas.

• 28 centros penitenciarios.

• Seis aeropuertos.

• 40 nodos de telecomunicaciones.

En total, 4.921 cuentas de manejo especial con impacto directo en salud, seguridad y servicios básicos.

El gremio subraya que el registro de usuarios electrodependientes es voluntario y declarativo, por lo que la cifra podría ser mayor.

El riesgo no se limita a hogares: compromete infraestructura crítica.

La negociación: cifras sobre la mesa

En el plano económico, Andesco señala que la propuesta empresarial mejora beneficios como auxilios sindicales, alimentación, seguro de vida, vivienda, educación y salud, además de contemplar un incremento salarial superior al IPC con corte a noviembre de 2025.

En contraste, el pliego sindical presentado por Sintraelecol asciende aproximadamente a $243 mil millones, de los cuales cerca de $132 mil millones corresponden a salarios derivados de una solicitud de incremento del 23%, equivalente al aumento del salario mínimo .

Andesco enfatiza que ninguno de los trabajadores de la compañía percibe salario mínimo.

El debate económico gira en torno a sostenibilidad financiera y equilibrio entre reconocimiento laboral y viabilidad empresarial.

Llamado a intervención institucional

El gremio hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud para que, dentro de sus competencias, adopten medidas que aseguren la continuidad del servicio y protejan los derechos fundamentales de los usuarios.

En el fondo, el pronunciamiento introduce una discusión de mayor alcance: cómo equilibrar el derecho a la negociación colectiva con la obligación estatal de garantizar servicios esenciales.

En un país donde la energía eléctrica soporta hospitales, acueductos, telecomunicaciones y actividad económica, cualquier interrupción adquiere dimensión sistémica. El desenlace de este caso podría sentar un precedente relevante para el manejo de conflictos laborales en sectores estratégicos.