CCI responde a Petro y defiende legalidad de concesiones viales

Luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 21 de abril sobre supuestos incumplimientos en proyectos viales, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió una respuesta pública en la que rechaza las afirmaciones y aclara el estado jurídico y financiero de las concesiones de 4G y 5G.

Proyectos en regla y recursos debidamente ejecutados

Según la CCI, todos los proyectos de concesión están cumpliendo cabalmente sus obligaciones contractuales, y los recursos públicos girados a las fiducias han sido utilizados para pagar obras ya entregadas. “No hay incumplimientos por parte de los concesionarios”, enfatizó Juan Martín Caicedo, presidente del gremio.

En el comunicado se aclara que los recursos de vigencias futuras no pueden ser legalmente redirigidos a otros fines, como sugirió el presidente, ya que estos están comprometidos con obras específicas.

Obras detenidas por causas ajenas a los concesionarios

La CCI explicó que solo tres proyectos no han podido avanzar por razones fuera del control de los contratistas, especialmente por licencias ambientales que no fueron entregadas oportunamente por el Estado. Este punto, según el gremio, ha sido reconocido por tribunales de arbitramento.

Además, propone que proyectos como el Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona podrían liquidarse de forma anticipada y de común acuerdo, liberando recursos que se aplicarían según las fórmulas contractuales.

El caso Mulaló–Loboguerrero: aclaración sobre los $1,8 billones

Uno de los puntos más controvertidos fue la afirmación presidencial de que el concesionario del proyecto Mulaló–Loboguerrero debía $1,8 billones al Estado. La CCI desmintió este señalamiento y explicó que ese monto corresponde a vigencias futuras que no han sido giradas y que, por tanto, no pueden considerarse deuda.

Los recursos permanecen en el patrimonio autónomo, generando rendimientos, y solo pueden ser utilizados por decisión del gobierno nacional para ejecutar la obra o liquidar el contrato, según los precios actuales del mercado.

Llamado a no estigmatizar al sector privado

La CCI reiteró su disposición a trabajar con el gobierno en la solución de los desafíos de infraestructura, pero pidió evitar afirmaciones que pongan en duda la integridad de las empresas del sector. “No se puede afectar la reputación ni el honor de quienes han cumplido con sus obligaciones”, concluyó el comunicado.

La controversia entre el gobierno y la CCI revela tensiones crecientes en torno al modelo de concesiones viales, en un momento donde el país necesita ejecutar obras clave sin deteriorar la confianza entre el Estado y el sector privado.