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Colombia mueve US$29.100 millones en criptomonedas, pero sigue sin una ley que regule el sector

Colombia movió US$29.100 millones en criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026. El país es el quinto mercado regional, pero sigue sin regulación integral.
Miércoles, 28 de octubre de 2026

Colombia registró US$29.100 millones en actividad con criptomonedas y otros activos digitales entre julio de 2025 y junio de 2026, consolidándose como el quinto mercado de América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela. Sin embargo, el país todavía no cuenta con una ley integral que establezca las condiciones de operación y supervisión de esta industria.

Las cifras fueron presentadas por Colombia Fintech en su primer informe sobre criptoactivos, stablecoins y blockchain, divulgado el 28 de octubre. Según datos de Chainalysis, el mercado colombiano creció 13,8%, superando el promedio latinoamericano de 9,8%.

El volumen reportado corresponde a la actividad estimada en criptoactivos, no a ingresos de las empresas del sector ni a capital nuevo invertido en Colombia.

Criptomonedas en Colombia: las stablecoins ganan protagonismo

Uno de los principales hallazgos es el creciente uso de activos digitales para operaciones financieras cotidianas.

El 48% de las compras realizadas en plataformas de intercambio de criptomonedas en Colombia corresponde a stablecoins, activos digitales diseñados para mantener un valor estable frente a referencias como el dólar estadounidense.

Su utilización está relacionada con pagos, transferencias internacionales y acceso a monedas extranjeras mediante plataformas digitales.

El informe señala que las remesas tradicionales pueden representar costos de entre el 5% y el 7% del dinero enviado, mientras algunas operaciones mediante infraestructura cripto pueden reducirlos a menos del 2%.

No obstante, estos valores dependen del proveedor, las comisiones y las condiciones de cada transacción.

Colombia Fintech advierte sobre el vacío regulatorio

Aunque el mercado continúa creciendo, Colombia no dispone de un marco legal integral para los proveedores de servicios de activos virtuales.

El Proyecto de Ley 510 de 2025, que buscaba establecer reglas para estas empresas, fue archivado en 2026 sin superar el segundo debate.

Mientras tanto, avanzan las obligaciones de reporte de información tributaria, pero persisten dificultades relacionadas con el acceso al sistema bancario, el tratamiento cambiario y la protección de los usuarios.

“Colombia ya es uno de los mercados cripto más grandes de la región y millones de personas usan estos activos para pagar, ahorrar y enviar dinero. Lo que falta es un marco que le dé a esa actividad seguridad jurídica, proteja a los usuarios y permita supervisarla”, afirmó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.

Seis propuestas para regular el mercado cripto colombiano

Como parte de su hoja de ruta 2026-2030, Colombia Fintech presentó seis medidas para desarrollar el sector:

  1. Actualizar las circulares de la Superintendencia Financiera que condicionan las relaciones de la banca con proveedores de activos virtuales.
  2. Crear un marco regulatorio integral con supervisión coordinada de las autoridades competentes.
  3. Establecer un registro público de proveedores y mecanismos de protección de activos de los usuarios.
  4. Ajustar los umbrales de reporte ante la UIAF a los estándares del GAFI.
  5. Modificar el régimen cambiario para permitir determinados usos de activos virtuales en operaciones internacionales.
  6. Establecer reglas para la tokenización de activos reales y su tratamiento tributario.

Estas iniciativas son propuestas del gremio, no disposiciones aprobadas.

El informe también revela que las compañías de criptoactivos y blockchain representan el 8,2% del ecosistema fintech colombiano. Entre ellas, el 66,7% se identifica como proveedor de servicios Web3 y blockchain, mientras el 55,6% desarrolla infraestructura de pagos.

La discusión regulatoria adquiere relevancia ante el crecimiento de los usos financieros de los activos digitales y la necesidad de establecer condiciones de operación para empresas y usuarios.