Colombia necesita un ajuste fiscal de hasta 5 puntos del PIB

La Mesa Fiscal Colombia, integrada por expertos de las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana y Fedesarrollo, advirtió que el país necesita una consolidación fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos del PIB para estabilizar la deuda pública y evitar que supere el límite legal de la Regla Fiscal antes de 2028.

El diagnóstico, presentado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), plantea que la situación fiscal del Gobierno Nacional Central es preocupante tanto en el presente como en el mediano plazo. La deuda neta pasó de 41,8% del PIB en 2015 a 58,5% en 2025, un aumento de casi 17 puntos porcentuales en una década.

El problema no está únicamente en el nivel de deuda. El déficit primario, que entre 2005 y 2019 promediaba apenas 0,2% del PIB, llegó a 3,5% del PIB en 2025, el nivel más alto desde la pandemia. Las necesidades de financiamiento alcanzaron 10,5% del PIB ese mismo año, la cifra más alta desde al menos 2011, sin contar el periodo pandémico.

El gasto explica buena parte del deterioro

El documento “El problema fiscal en Colombia: características y recomendaciones” identifica que el desbalance no proviene principalmente de una caída de ingresos, sino del crecimiento del gasto. Entre 2019 y 2025, el gasto primario aumentó 4,1 puntos del PIB por encima de su tendencia histórica.

Los mayores incrementos se concentraron en transferencias asociadas a pensiones, salud, el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Esa composición importa porque buena parte de esos rubros responde a obligaciones rígidas, políticamente sensibles y difíciles de corregir en el corto plazo.

La advertencia de la Mesa Fiscal es directa: si el ajuste se posterga, será más costoso. En un escenario sin medidas correctivas, el CARF estima que el déficit primario se mantendría alrededor de 3,8% del PIB entre 2027 y 2030, mientras la deuda alcanzaría el límite legal de la Regla Fiscal en 2028.

Ingresos: menos beneficios, más base tributaria

En materia tributaria, la Mesa Fiscal propone racionalizar los beneficios fiscales, fortalecer la capacidad de la DIAN para combatir la evasión y ampliar la base de declarantes del impuesto de renta.

El documento también plantea reducir exclusiones del IVA, acompañando esa medida con mecanismos de devolución para hogares vulnerables, y ampliar impuestos saludables y ambientales. La lectura de fondo es que Colombia necesita más ingresos, pero también un sistema tributario menos fragmentado por tratamientos preferenciales.

Para el próximo gobierno, el desafío será político y técnico. Cualquier reforma que toque IVA, renta o beneficios fiscales tendrá costos de negociación en el Congreso, pero la alternativa de no actuar puede traducirse en mayor presión sobre deuda, tasas, inversión pública y credibilidad macroeconómica.

Gasto: salud, pensiones y combustibles en el centro

La Mesa Fiscal también recomienda medidas de gasto en sectores donde se concentra buena parte de la presión estructural. En salud, propone racionalizar beneficios y alinear incentivos. En pensiones, plantea reformas paramétricas en edad, cotización y tasa de reemplazo.

En combustibles, recomienda una regla automática de ajuste de precios para evitar que el FEPC vuelva a convertirse en una fuente de presión fiscal. En inversión pública, propone usar de manera excepcional vigencias futuras y promover mayor concurrencia territorial y privada.

Estas recomendaciones apuntan a un principio básico: el ajuste no puede depender solo de aumentar impuestos. La sostenibilidad fiscal exige revisar la forma en que el Estado gasta, prioriza y evalúa sus compromisos.

La Regla Fiscal necesita más dientes técnicos

En materia institucional, la Mesa respalda la arquitectura actual de la Regla Fiscal, pero propone fortalecer sus mecanismos de corrección, mejorar la cláusula de escape con criterios más precisos y avanzar hacia un presupuesto por programas y resultados.

También plantea garantizar que el CARF tenga mayor alcance en sus conceptos técnicos. Esto implica darle más capacidad de incidencia en la discusión fiscal, especialmente cuando las decisiones de política económica puedan comprometer la sostenibilidad de mediano plazo.

La recomendación es relevante porque la crisis fiscal no se resuelve únicamente con una reforma puntual. Colombia necesita una arquitectura institucional capaz de ordenar el gasto, anticipar riesgos y evitar que las presiones políticas de corto plazo deterioren la estabilidad macroeconómica.

Un pacto fiscal para el próximo gobierno

La Mesa Fiscal subraya que el ajuste requerido no puede postergarse y debe ser resultado de un pacto amplio, discutido democráticamente en el Congreso. La sostenibilidad fiscal, según el documento, no es un fin en sí mismo, sino una condición para que el Estado cumpla sus obligaciones sociales, proteja el crecimiento económico y preserve el bienestar de la población.

Ese será uno de los primeros dilemas económicos del nuevo gobierno: ordenar las cuentas públicas sin paralizar la inversión, afectar de manera desproporcionada a los hogares vulnerables o cerrar el espacio para políticas sociales.

El mensaje de la academia es incómodo, pero necesario. Colombia no enfrenta solo un problema contable; enfrenta una prueba de gobernabilidad económica. Si el ajuste fiscal se aplaza, el margen de decisión del Estado se reducirá y el costo lo pagarán crecimiento, inversión y capacidad social.