Colombia suspendería la regla fiscal ante déficit del 7% del PIB en 2025

El Gobierno colombiano ha anunciado su intención de activar la cláusula de escape de la Ley 1473 de 2011, lo que implicaría la suspensión temporal de la regla fiscal ante un panorama económico desafiante. El déficit proyectado para 2025 alcanzaría el 7% del PIB, superando el límite del 5,1% fijado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La regla fiscal es un mecanismo legal adoptado en Colombia para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, limitando el déficit estructural y la deuda del Gobierno Central. Su suspensión no es automática: requiere aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y el concepto técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

¿Por qué suspender la regla fiscal?

El Ministerio de Hacienda ha justificado esta medida por tres razones principales:

1. Caída en los ingresos tributarios.

2. Mayor presión sobre el gasto público.

3. Menor dinamismo económico, lo que limitaría el cumplimiento de las metas fiscales sin afectar programas sociales e inversión.

Según el análisis de BDO, la suspensión permitiría mantener el gasto sin violar el marco legal actual, además de evitar un ajuste fiscal recesivo en un momento de bajo crecimiento.

“El uso de la cláusula de escape permite al Estado ganar flexibilidad sin recurrir a recortes abruptos que profundicen la desaceleración”, afirma Víctor Ramírez, socio de Auditoría de BDO en Colombia.

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Riesgos de la medida

Aunque legal y prevista en el marco fiscal, la suspensión envía señales mixtas a los mercados. Entre los efectos potenciales que destaca el equipo de BDO se encuentran:

• Aumento del costo de la deuda, si los inversionistas perciben menor compromiso fiscal.

• Presión sobre la calificación crediticia, especialmente si no hay un plan claro de retorno a la regla.

• Impacto en la credibilidad institucional, ya que la regla fiscal ha sido un pilar macroeconómico desde su adopción.

Para mitigar estos efectos, el nuevo MFMP —previsto para el 13 de junio— deberá incluir un plan técnico, transparente y creíble que trace la ruta de regreso a la senda fiscal sostenible.

“El verdadero impacto de la medida dependerá de la claridad con la que se comunique, la solidez del plan de retorno y el compromiso real del Estado con la sostenibilidad”, enfatiza Ramírez.

Una decisión estratégica con efectos a largo plazo

El contexto actual plantea un dilema complejo para la política fiscal en Colombia: cómo sostener el gasto social y la inversión pública sin perder la confianza de los mercados. El éxito de esta suspensión dependerá no solo de su ejecución técnica, sino de su narrativa ante los agentes económicos.

“No se trata solo de activar una excepción legal: se trata de cómo se construye confianza en un momento clave para el país”, concluye Víctor Ramírez.