El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de recursos pensionales administrados por fondos privados hacia Colpensiones dentro de la implementación de la reforma pensional.
La decisión fue respaldada por Asofondos, gremio que aseguró que el alto tribunal concluyó preliminarmente que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria al modificar aspectos definidos previamente por el Congreso en la Ley 2381 de 2024.
El fallo abre un nuevo frente jurídico alrededor de la reforma pensional y del manejo de los recursos de ahorro individual de millones de trabajadores.
Según el Consejo de Estado, la ley establecía que los recursos debían permanecer administrados por las AFP hasta la consolidación del derecho pensional, momento en el cual podrían trasladarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.
Sin embargo, el Decreto 415 modificó ese esquema al ordenar el traslado directo hacia Colpensiones. Para el alto tribunal, esa decisión invadió una materia reservada al Congreso.
Asofondos insiste en seguridad jurídica
Asofondos afirmó que el Gobierno ya había reconocido previamente ese marco legal mediante decretos expedidos en 2024 y 2025.
El gremio citó el Decreto 1225 de 2024 y el Decreto 514 de 2025, donde se establecía que los recursos continuarían bajo administración de las AFP hasta el reconocimiento efectivo de la pensión o hasta la entrada en operación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
“El llamado es a que todas las actuaciones relacionadas con el sistema pensional se desarrollen en estricto cumplimiento de la ley”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El dirigente agregó que preservar la seguridad jurídica es fundamental para proteger recursos que pertenecen a millones de trabajadores colombianos y que tienen naturaleza de ahorro de largo plazo.
Más de 100 mil cotizantes siguen en el régimen público
Asofondos también señaló que actualmente más de 100.000 personas son cotizantes activos dentro del régimen público y realizan aportes superiores a $600.000 millones anuales.
Según el gremio, esa cifra supera el valor aproximado de las mesadas pensionales pagadas a cerca de 20.000 pensionados, estimadas en alrededor de $450.000 millones al año.
El debate ya no gira únicamente sobre implementación de la reforma, sino sobre quién administra los recursos y bajo qué reglas jurídicas.
Asofondos también enfatizó que las AFP no reciben comisiones por la administración de esos recursos específicos y que trasladarán los saldos una vez entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.
La reforma pensional entra en una nueva etapa de tensión jurídica
La suspensión provisional del decreto agrega incertidumbre a la implementación operativa de la reforma pensional aprobada en Colombia.
La discusión empieza a trasladarse hacia los límites regulatorios del Ejecutivo y el manejo institucional de los recursos de ahorro pensional.
El fallo también deja en evidencia la sensibilidad política, jurídica y financiera que rodea cualquier modificación relacionada con la administración de recursos pensionales en el país, especialmente en un sistema donde millones de trabajadores dependen de estabilidad normativa y confianza institucional.
