Crisis del sistema de salud en Tolima llega a tribunal

La crisis del sistema de salud en Tolima entró en una nueva fase judicial luego de que fracasara la diligencia de pacto de cumplimiento convocada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco de la acción popular interpuesta por la Gobernación del departamento. El proceso buscaba atender el no pago de recursos y la afectación en la prestación de servicios de salud, que hoy compromete la atención de miles de pacientes.

La audiencia se llevó a cabo en Ibagué y contó con la participación de Pacientes Colombia como coadyuvante, en representación de organizaciones de pacientes de todo el país.

Crisis del sistema de salud en Tolima: pacto declarado fallido

Durante la diligencia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES manifestaron no tener responsabilidad ni injerencia directa en la situación que atraviesa el departamento. Ante esta postura, el Tribunal declaró fallida la diligencia, al considerar que un pacto de cumplimiento debe ser integral y no parcial.

Como consecuencia, no se avanzó en ningún acuerdo y no se concedió el uso de la palabra a otros demandados, entre ellos EPS y entidades del orden regional.

Un déficit que compromete la prestación de servicios

Según información presentada por la Gobernación del Tolima, el departamento enfrenta un déficit superior a $1,12 billones, lo que convierte esta acción popular en una de las más relevantes a nivel territorial en el sistema de salud colombiano.

La magnitud del faltante financiero impacta a hospitales, clínicas e IPS de todos los municipios, generando una afectación operativa que ya se traduce en cierres de servicios, demoras en la atención e interrupción de tratamientos, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

Una crisis territorial con alcance nacional

Para Pacientes Colombia, lo que ocurre en Tolima no es un hecho aislado, sino una manifestación de una crisis estructural del sistema de salud que se replica en distintos territorios del país.

“Negar la existencia de la crisis no la hace desaparecer”, señaló Denis Silva, vocero del movimiento, al advertir que las consecuencias recaen directamente sobre los pacientes y usuarios del sistema, quienes enfrentan nuevas barreras de acceso y pérdida de continuidad en sus tratamientos.

El componente político e institucional

La situación adquiere mayor relevancia institucional al presentarse en el departamento de origen del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se anuncien medidas concretas para atender la emergencia denunciada por autoridades territoriales y organizaciones de pacientes.

El Tribunal recordó que el proceso judicial continuará su curso, lo que abre un nuevo escenario de control institucional y definición de responsabilidades frente a la garantía del derecho fundamental a la salud.

Un proceso que marca precedente

El caso del Tolima pone sobre la mesa un debate de fondo para el país: la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la coordinación entre niveles de gobierno. Para los tomadores de decisión, el avance de esta acción popular podría sentar un precedente sobre el alcance de las responsabilidades nacionales frente a crisis territoriales.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en el impacto real sobre los pacientes, en un sistema donde la judicialización comienza a convertirse en el último recurso ante la falta de consensos institucionales.