El IVA del 19% amenaza la sostenibilidad del juego online en Colombia: Fecoljuegos

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) lanzó una alerta sobre la grave afectación que está teniendo el IVA del 19% sobre las apuestas en línea. 

Desde su implementación, los depósitos de los jugadores se han reducido entre un 30% y un 50%, lo que ha impactado directamente los ingresos del sector y amenaza la viabilidad de las plataformas legales.

Una solución temporal: bonos que ya no aguantan más

Para contener la fuga de usuarios hacia plataformas ilegales, los operadores decidieron asumir el valor del impuesto entregando bonos promocionales a los jugadores. Esta medida, aunque efectiva en el corto plazo, es económicamente insostenible.

“Los empresarios están haciendo un esfuerzo extraordinario para sostener la operación, pero este mecanismo tiene un límite”, señaló Evert Montero, presidente de Fecoljuegos. “Si el impuesto se mantiene sin ajustes, muchas plataformas no tendrán otra opción que cerrar”.

El usuario también pierde

El gremio ha identificado un cambio en el comportamiento de los jugadores. Quienes antes apostaban entre $150.000 y $250.000 mensuales, ahora enfrentan una menor capacidad de juego desde el primer depósito, lo que reduce su permanencia en el canal legal y altera la experiencia del usuario.

Este fenómeno alienta el uso de plataformas no reguladas, que no pagan impuestos ni garantizan condiciones de seguridad para los usuarios, y que además escapan completamente del control estatal.

Impacto fiscal y en salud

Fecoljuegos advierte que el modelo actual no solo debilita al mercado formal, sino que compromete el recaudo tributario y pone en riesgo los aportes que el sector legal realiza al sistema de salud, uno de los principales beneficiarios del dinero generado por el juego regulado.

Un llamado al Gobierno: construir un indicador técnico de sostenibilidad

Ante este panorama, el gremio propone al Gobierno Nacional la creación conjunta de un indicador técnico de sostenibilidad, que permita medir objetivamente el impacto fiscal y económico del impuesto sobre la industria. Esto facilitaría un rediseño normativo equilibrado entre el interés fiscal del Estado y la estabilidad del ecosistema digital regulado.

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el país. Pero sin un ajuste, no habrá condiciones para sostener la operación formal en Colombia”, concluyó Montero.