Fallo judicial obliga al Estado a pagar más de 11 billones de pesos a empresa de energía

Un fallo del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Estado colombiano, a través del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, el pago de más de 11 billones de pesos en favor de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS), tras un proceso ejecutivo por obligaciones no cumplidas.

Detalles del fallo y montos a pagar

El auto de mandamiento de pago emitido el 4 de marzo de 2025 ordena a la Nación saldar:

Adicionalmente, la decisión establece que la Nación deberá seguir pagando intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente hasta que la deuda sea saldada en su totalidad.

Embargo por más de 83 billones de pesos

En respuesta a la orden de pago, el tribunal también decretó un embargo inmediato de cuentas bancarias, CDT y demás productos financieros del Estado, con una suma límite de $83,3 billones. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de la obligación y proteger los intereses de la parte demandante.

Implicaciones para el Gobierno y el sector energético

El fallo representa un golpe financiero para el Gobierno Nacional, que deberá responder a una de las demandas más cuantiosas de los últimos años. Además, pone en evidencia conflictos en el manejo de recursos del sector energético y las deudas históricas con operadores regionales.

En cuanto a las consecuencias económicas, este tipo de sanciones pueden afectar la liquidez del Estado y derivar en ajustes fiscales para cumplir con la sentencia. Por su parte, el sector energético queda a la expectativa de cómo el Gobierno resolverá el pago sin comprometer proyectos de infraestructura y subsidios de energía para sectores vulnerables.

Próximos pasos

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo procederán para acatar la sentencia. No obstante, se espera que en los próximos días se interpongan recursos legales para mitigar el impacto de esta decisión judicial.

El caso seguirá en observación, ya que el fallo abre un precedente en la gestión de litigios financieros entre empresas del sector energético y el Gobierno Nacional, poniendo en la agenda pública la necesidad de mayor control y planificación en el manejo de estas obligaciones.