Fundación WWB propone agenda económica para mujeres de cara a elecciones de 2026

La Fundación WWB Colombia presentó una agenda de recomendaciones para el próximo gobierno enfocada en uno de los principales desafíos estructurales del país: las brechas económicas que siguen afectando a millones de mujeres, especialmente en zonas rurales y sectores de bajos ingresos.

El documento, construido de cara a las elecciones presidenciales de 2026, plantea diez medidas orientadas a fortalecer autonomía económica, acceso a crédito, sistemas de cuidado, inclusión digital y protección social, bajo la premisa de que la desigualdad de género ya no es únicamente un problema social, sino también una limitación directa para el crecimiento económico del país.

La propuesta aparece en un momento en el que Colombia mantiene profundas diferencias en participación laboral, ingresos y acceso a activos entre hombres y mujeres. Según cifras citadas del DANE, las mujeres dedican más del doble de tiempo al trabajo de cuidado no remunerado y siguen enfrentando menores niveles de participación económica y remuneración.

La desigualdad también está frenando productividad y crecimiento

El documento advierte que el impacto económico de estas brechas se profundiza en zonas rurales. Allí, las mujeres trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias, pero reciben ingresos equivalentes apenas al 39 % de ese tiempo. Además, el 76 % es clasificado como “económicamente inactivo”, pese a sostener actividades productivas, comunitarias y de cuidado dentro de los hogares.

La diferencia también aparece en el emprendimiento: por cada 100 pesos generados por un negocio liderado por un hombre, uno liderado por una mujer produce alrededor de 60 pesos.

Para la Fundación WWB, estas condiciones terminan afectando autonomía financiera, acceso a patrimonio y estabilidad económica en el largo plazo.

Daniela Konietzko Calero, presidenta de la Fundación WWB Colombia, aseguró que el país está perdiendo oportunidades de crecimiento por no resolver estas desigualdades estructurales.

“Persisten desigualdades que limitan el potencial productivo de millones de mujeres. Y cuando ese potencial se frena, el país entero pierde enormes oportunidades de crecimiento”, afirmó.

Formalización, crédito y cuidado: las prioridades de la propuesta

Las recomendaciones se organizan alrededor de cinco ejes estratégicos: autonomía económica, cuidado, inclusión financiera y digital, seguridad y protección, y gobernanza basada en datos.

Uno de los principales focos está en la formalización productiva. La Fundación propone crear rutas simplificadas y gratuitas que permitan conectar micronegocios liderados por mujeres con asistencia técnica, mercados y acceso a financiamiento.

También plantea acelerar procesos de titulación de tierras con enfoque de género y construir redes de compras públicas que vinculen de manera obligatoria a emprendimientos femeninos dentro de cadenas de suministro estatales y empresariales.

Otro de los puntos centrales es el sistema de cuidado. La propuesta sugiere desplegar centros de atención para infancia, adultos mayores y personas con discapacidad alineados con los horarios laborales y comerciales de las mujeres, buscando eliminar una de las principales barreras para generación de ingresos.

Además, el documento propone reconocer y remunerar modelos de cuidado comunitario y ancestral en regiones con baja presencia institucional.

La inclusión financiera entra al debate electoral

La agenda también busca modificar la manera en que el sistema financiero evalúa el riesgo y acceso al crédito para mujeres emprendedoras.

Entre las medidas aparece la construcción de historiales crediticios alternativos utilizando datos transaccionales para eliminar sesgos tradicionales dentro de algoritmos financieros.

La Fundación propone además ampliar créditos adaptados a ciclos agrícolas y microseguros sociales orientados a proteger ingresos y patrimonio frente a emergencias climáticas o problemas de salud.

En salud y protección social, el documento incluye medidas relacionadas con infraestructura en zonas rurales, acceso a medicamentos asociados a salud sexual y reproductiva e inclusión de productos de higiene menstrual en ayudas humanitarias.

Los datos se convierten en parte de la discusión económica

La Fundación WWB también puso sobre la mesa un tema que empieza a ganar peso dentro de las discusiones de política pública: la gobernanza basada en evidencia.

El documento insiste en que los sistemas de información económica deben incorporar variables de género, territorio y etnia para que las decisiones presupuestales respondan realmente a las brechas existentes.

“La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno”, concluyó Daniela Konietzko.

La discusión empieza a tomar relevancia en plena carrera electoral porque el cierre de brechas económicas dejó de verse únicamente como un tema de equidad social. Ahora también aparece como una condición para aumentar productividad, fortalecer mercados locales y sostener el crecimiento económico del país en el largo plazo.