Garantías mobiliarias se consolidan como motor del acceso al crédito

El sistema de garantías mobiliarias en Colombia sigue consolidándose como una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito de personas y empresas. Desde la creación de la Ley 1676 de 2013, este modelo ha permitido respaldar obligaciones financieras mediante activos como vehículos, maquinaria, inventarios, derechos de cobro, contratos, acciones y activos digitales.

Entre 2014 y abril de 2025 se registraron 2.296.961 operaciones con vehículos como garantía, lo que demuestra su relevancia, especialmente para trabajadores independientes, emprendedores y pequeños negocios que usan su vehículo como herramienta de trabajo.

“Las garantías mobiliarias se han convertido en una solución moderna, eficiente y adaptable a las necesidades del mercado financiero colombiano”, afirmó Clara Escobar, directora de la Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC). “Su uso no está restringido a un tipo de activo, y eso ha permitido que cada vez más sectores las adopten para respaldar sus deudas crediticias”, añadió.

Flexibilidad y retos para fortalecer el modelo

El sistema ofrece alternativas de ejecución que van desde el pago directo entre las partes (93 % de los casos con vehículos) hasta la ejecución especial o la vía judicial, garantizando procesos más ágiles y menos costosos.

Además de los vehículos, las empresas han optado por respaldar créditos con maquinaria industrial o agrícola, inventarios, insumos y derechos contractuales. Sin embargo, persisten desafíos:

• Fortalecer un mercado secundario para vender oportunamente los bienes ejecutados y evitar su desvalorización.

• Mejorar los procesos de recuperación, especialmente en vehículos, asegurando transparencia y evitando cobros excesivos como bodegajes en parqueaderos no autorizados.

AFIC y Confecámaras convocan al foro “Garantías mobiliarias: evolución y oportunidades para el futuro” el 23 de julio en el Club El Nogal, Bogotá, con entrada libre previa inscripción. El evento abordará el impacto de estas garantías en la inclusión financiera y los retos de incorporar nuevos activos, como los digitales, al sistema.