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Gobierno busca modificar ocho decretos laborales: estos son los cambios que afectarían a las empresas
El Ministerio del Trabajo revisa ocho decretos laborales y prevé derogar dos y modificar seis en tercerización, acoso y pactos colectivos de Colombia.
Jueves, 19 de noviembre de 2026
El Ministerio del Trabajo puso en revisión ocho decretos laborales en Colombia, expedidos entre 2025 y 2026, mediante proyectos que proponen derogar dos normas y modificar otras seis. Las medidas abarcan tercerización, acoso laboral, pactos colectivos, inspección y otras obligaciones que podrían afectar los procedimientos internos de las empresas.
La iniciativa surge de una revisión jurídica en la que, según la cartera laboral, se identificaron disposiciones que podrían exceder las facultades reglamentarias del Ejecutivo, incluidas sanciones que llegarían a superar hasta 50 veces los límites establecidos por la ley.
El plazo para presentar observaciones terminó el 9 de noviembre de 2026. Sin embargo, la publicación de los proyectos no equivale a su entrada en vigor y las empresas deben continuar aplicando las disposiciones vigentes mientras no sean modificadas o derogadas formalmente.
“Las empresas no deberían actuar como si los decretos ya hubieran cambiado, pero tampoco conviene esperar a que se publiquen los textos definitivos para evaluar su impacto”, señaló María Camila Ortiz, de KPMG en Colombia.
¿Qué decretos laborales en Colombia podrían cambiar?
La revisión comprende cuatro asuntos especialmente relevantes para los empleadores.
Tercerización laboral: se propone derogar el Decreto 581 de 2026, al considerar que algunas disposiciones sobre sanciones y conductas indicativas superarían las facultades del Gobierno. La tercerización ilegal continuaría prohibida conforme a las normas legales vigentes.
Acoso laboral y discriminación: los cambios al Decreto 1040 de 2026 conservarían las obligaciones de prevención y atención, pero eliminarían determinadas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, deben establecerse mediante ley.
Pactos colectivos: la propuesta contempla derogar el Decreto 992 de 2026 y recuperar el procedimiento previsto en el Código Sustantivo del Trabajo para su depósito, sin eliminar las restricciones legales ni las garantías de asociación sindical.
Inspección laboral: se busca precisar el alcance de las medidas preventivas que pueden adoptar los inspectores, estableciendo criterios de motivación, temporalidad, revisión y respeto por los recursos legales.
Los otros proyectos incluyen disposiciones sobre seguridad social para repartidores de plataformas digitales, protección frente al despido de víctimas de acoso sexual, trabajo doméstico y condiciones laborales de periodistas y comunicadores.
Las empresas deberán revisar contratos y políticas internas
Para KPMG, el principal efecto de la revisión es la incertidumbre regulatoria que enfrentan las compañías que recientemente adaptaron sus procedimientos a las normas expedidas.
Las organizaciones con esquemas de tercerización deberán examinar sus relaciones contractuales, mientras que aquellas que actualizaron sus políticas de prevención del acoso o sus procesos de negociación colectiva tendrán que identificar qué disposiciones podrían cambiar.
“Que una norma reglamentaria esté siendo revisada no elimina las obligaciones legales que existen detrás de ella. El ejercicio para las compañías consiste en separar aquello que permanece vigente por mandato de la ley de los procedimientos específicos que podrían modificarse”, explicó María Camila Ortiz, de KPMG en Colombia.
La firma recomienda elaborar una matriz de impacto regulatorio que distinga entre obligaciones respaldadas directamente por la ley, procedimientos susceptibles de modificación y controles internos que convenga mantener independientemente del resultado normativo.
La revisión laboral abre un nuevo debate sobre seguridad jurídica
El Gobierno sostiene que los proyectos buscan corregir problemas de técnica normativa y garantizar que los decretos respeten las competencias establecidas legalmente, sin modificar los derechos reconocidos en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la reforma laboral.
Sin embargo, la revisión también ha generado cuestionamientos desde sectores sindicales, que advierten sobre posibles efectos en mecanismos de protección y garantías para los trabajadores.
Los ocho proyectos se suman a la decisión del Ministerio del Trabajo de dejar sin efectos, en agosto, once circulares relacionadas con jornada laboral, estabilidad reforzada, libertad sindical y otros asuntos laborales.
Para las empresas, la diferencia entre una propuesta reglamentaria y una obligación vigente resulta determinante. Modificar anticipadamente contratos o controles podría generar riesgos de incumplimiento, mientras que ignorar las propuestas dificultaría implementar los cambios una vez sean aprobados.
El alcance definitivo de la revisión dependerá de los textos que expida el Gobierno. Hasta entonces, la prioridad para los empleadores será mantener el cumplimiento normativo y evaluar cómo podrían verse afectados sus modelos de contratación, gestión del talento y relaciones laborales.