Gremios alertan impacto económico por nuevo impuesto al patrimonio

El Consejo Gremial alertó que el impuesto al patrimonio por decreto pondría en riesgo empresas, empleo y estabilidad económica en Colombia.
Martes, Marzo 24, 2026

El Consejo Gremial Nacional advirtió que Colombia enfrenta un deterioro económico inminente tras la expedición de decretos que crean un impuesto al patrimonio para empresas. La organización cuestionó las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, señalando impactos directos sobre liquidez, inversión y empleo.

El pronunciamiento se centra en los Decretos Legislativos 173 y 240 de 2026, que introducen una carga estimada en $8,3 billones para el sector productivo, en un contexto que, según los gremios, no permite a las empresas prepararse ni absorber el impacto en sus finanzas.

Un impuesto que presiona caja en el peor momento

El Consejo Gremial advierte que el impuesto se cobra sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, lo que cambia su efecto económico. Las empresas deberán pagar incluso si no están generando ganancias, lo que afecta directamente su flujo de caja.

El comunicado lo plantea de forma explícita: “El impuesto al patrimonio para personas jurídicas representa una carga cercana a los $8,3 billones, que resulta inasumible para el sector productivo.”

La consecuencia operativa es inmediata: empresas obligadas a endeudarse, vender activos o aplazar inversiones, decisiones que impactan la generación de empleo y el dinamismo económico.

Dudas constitucionales y uso de facultades de emergencia

El Consejo Gremial también cuestiona la legalidad de la medida. Señala que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender, mientras que el propio Gobierno ha indicado que parte de estas acciones busca cubrir un déficit fiscal previo.

El comunicado lo resume así: “Crear un impuesto de esta magnitud por decreto implica, en la práctica, dejar de lado al Congreso y el debate democrático que requieren los cambios tributarios estructurales.”

Este punto introduce un frente adicional de riesgo: la seguridad jurídica, un factor clave para la inversión empresarial.

Impacto en inversión, empleo y confianza

El análisis del gremio no se limita al efecto inmediato del impuesto. Advierte que las medidas afectan la confianza, la seguridad jurídica y las perspectivas de crecimiento del país, especialmente en un momento en que la economía requiere señales de estabilidad.

Además, resalta que los plazos cortos de implementación obligan a decisiones financieras de urgencia que pueden tener efectos estructurales sobre las empresas y las cadenas productivas.

El documento también advierte un efecto de fondo: “La obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla.”

Llamado a la Corte Constitucional

Ante este escenario, el Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional evaluar las medidas con celeridad y considerar su suspensión provisional, con el objetivo de evitar impactos graves sobre el aparato productivo.

La petición apunta a frenar decisiones que, según los gremios, podrían generar efectos irreversibles sobre el empleo, la inversión y la estabilidad económica del país.

El debate ya no es solo tributario. Lo que está en juego es la capacidad del país para sostener inversión y empleo en un entorno de incertidumbre regulatoria. Si las medidas avanzan sin ajustes, el impacto se trasladará rápidamente de las empresas al crecimiento económico y al mercado laboral.