La salud ya es la principal preocupación de los colombianos

La salud se convirtió en la principal preocupación de los colombianos. Un estudio de percepción ciudadana formulado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y operado por Eureka Group encontró que 26,1% de los ciudadanos considera la falta o el mal servicio de salud como el problema más grave del país, por encima de la corrupción, que registra 19,8%.

El dato llega después de cuatro años de discusión pública sobre la reforma al sistema de salud y pone al paciente en el centro del debate. La encuesta fue realizada entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, con 1.560 entrevistas presenciales en 47 municipios, a personas mayores de 18 años afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado. El estudio reporta un margen de error de ±2,5% y un nivel de confianza de 95%.

La medición también muestra una diferencia relevante en la experiencia de los usuarios según el tipo de EPS. Mientras en las EPS no intervenidas el 49,5% de los encuestados dijo haber recibido el servicio requerido sin dificultades, en las EPS intervenidas esa proporción baja a 33%. En sentido contrario, quienes reportaron haber recibido atención con dificultades llegaron a 48,3% en EPS intervenidas, frente a 37,7% en las no intervenidas.

Las EPS intervenidas concentran los peores indicadores

El estudio marca una línea clara: el deterioro percibido por los ciudadanos se concentra con mayor fuerza en las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. Allí no solo aumentan las dificultades de acceso, también crece el gasto de bolsillo, la entrega incompleta de medicamentos y la negación de servicios.

Según la encuesta, 30,5% de los colombianos afirmó haber tenido que pagar dinero de su bolsillo para acceder a atención en salud. La diferencia vuelve a ser amplia: en EPS no intervenidas ese porcentaje fue de 22,2%, mientras que en EPS intervenidas llegó a 38,5%.

El gasto no es menor para una parte de los hogares. Cerca de 22% de la población reportó desembolsos superiores a $500.000 mensuales para financiar servicios de salud, una cifra que revela cómo las fallas del sistema están trasladando costos directamente a los pacientes.

Medicamentos y citas: el dolor más visible del usuario

La entrega de medicamentos aparece como uno de los frentes más críticos. Apenas 25,3% de los afiliados a EPS intervenidas reportó haber recibido todos los medicamentos formulados a través de su EPS. En las EPS no intervenidas, la proporción sube a 43,5%.

La brecha también aparece en la negación de servicios. En las EPS intervenidas, 20,6% de los encuestados dijo que alguna vez le negaron un servicio de salud que necesitaba; en las no intervenidas, el dato fue de 10,5%. Es decir, la tasa de negación en EPS intervenidas prácticamente duplica la registrada en las no intervenidas.

El acceso a citas médicas mantiene la misma tendencia. Entre afiliados a EPS intervenidas, 19,1% considera que una persona casi nunca o nunca logra una cita a través de su EPS. En las no intervenidas, ese porcentaje baja a 11%.

Estos datos explican por qué la salud escaló como preocupación nacional. La discusión ya no se limita a modelos institucionales o disputas políticas: está llegando al bolsillo, al tratamiento y al tiempo de espera de los usuarios.

Los colombianos piden reforma, pero no eliminación de las EPS

El estudio también introduce un matiz político relevante: los ciudadanos quieren cambios, pero no necesariamente una estatización del sistema. 43,6% de los encuestados está de acuerdo con la reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno, pero solo 30,4% respalda la desaparición de las EPS.

La preferencia por un modelo mixto es todavía más clara cuando se pregunta por la responsabilidad en la atención. 57,6% considera que el Estado y el sector privado deben compartir esa responsabilidad por igual; 31,5% cree que debe recaer principalmente en el Estado, y 11% la atribuye principalmente al sector privado.

El mensaje ciudadano no parece ser una defensa incondicional del modelo actual ni un aval automático a su eliminación. La lectura es más pragmática: los usuarios quieren un sistema que funcione, entregue medicamentos, asigne citas y reduzca los pagos de bolsillo.

La confianza también se fractura

La confianza en las EPS muestra otra diferencia sensible. En las EPS intervenidas, 30% de los usuarios afirma no confiar en su EPS. En las no intervenidas, ese porcentaje es de 12,8%. Aunque el documento presenta una inconsistencia de digitación en la fila de confianza total, la tendencia comparativa es clara: la intervención no se está traduciendo, para los usuarios consultados, en una mejor experiencia percibida.

Este punto es clave para el próximo gobierno. La encuesta no solo mide satisfacción; captura señales de deterioro operativo en un servicio esencial. Si la salud ya es la principal preocupación ciudadana, cualquier administración recibirá una presión inmediata para corregir acceso, oportunidad, medicamentos y sostenibilidad financiera.

El estudio deja una conclusión de fondo para el debate público: el problema no es únicamente si las EPS deben existir o desaparecer. La evidencia apunta a una pregunta más exigente para el país: cómo elevar el desempeño de todo el sistema al estándar de los mejores operadores y evitar que las decisiones administrativas terminen profundizando las barreras que viven los pacientes.