Ley de Rescate Económico: empresas pagarían menos renta, pero más por nómina

El Proyecto de Ley de Rescate Económico 2026 plantea reducir el impuesto de renta de las empresas del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Sin embargo, también contempla modificaciones en los aportes laborales y el IVA que podrían elevar los costos operativos de las organizaciones.

La iniciativa, radicada el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, busca ajustar las finanzas públicas y estimular la inversión. Según un análisis de KPMG, sus efectos dependerán de la estructura financiera, la nómina y las actividades de cada empresa.

“El análisis empresarial no debería quedarse únicamente en que baja la tarifa de renta. El proyecto combina una serie de medidas que pueden reducir determinadas cargas con otras que podrían incrementar costos de operación”, señaló Camilo Rodríguez, de KPMG.

Ley de Rescate Económico 2026: ¿qué cambiaría para las empresas?

Uno de los cambios más relevantes está en los aportes patronales a salud, SENA e ICBF.

Actualmente, las sociedades que cumplen los requisitos legales cuentan con una exoneración para trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos. El proyecto propone modificar este beneficio desde enero de 2027:

• Hasta dos salarios mínimos: se mantendría la exoneración completa.
• Más de dos y hasta tres salarios mínimos: se aplicaría un tratamiento especial de aportes.
• Más de tres salarios mínimos: correspondería realizar los aportes patronales completos.

Para las empresas intensivas en contratación de personal, este cambio podría representar mayores costos laborales, incluso si disminuye su tarifa de renta.

IVA: tecnología y vehículos eléctricos entre los afectados

El proyecto también contempla cambios en el impuesto sobre las ventas, entre ellos la eliminación de la tarifa diferencial del 5%, prevista de manera general a partir de 2028.

Según el análisis de KPMG, determinados servicios asociados con software, alojamiento web y computación en la nube podrían quedar sujetos a la tarifa general del 19%, dependiendo de las disposiciones finalmente aprobadas.

Los vehículos eléctricos e híbridos también perderían el tratamiento preferencial del IVA del 5%, una modificación relevante para empresas que planean renovar sus flotas.

Estas medidas podrían aumentar los costos de adquisición de bienes y servicios, aunque su efecto neto dependerá de las reglas de descuento del IVA aplicables a cada negocio.

Nuevos incentivos para inversiones empresariales

La propuesta también incluye el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), orientado a proyectos de inversión de gran escala que cumplan condiciones específicas.

Este mecanismo contempla tarifas de renta del 20% para determinadas inversiones iniciadas en 2027 o 2028, y del 26% para aquellas que comiencen en 2029.

Adicionalmente, el Gobierno propone que cerca del 70% de su ajuste fiscal provenga de medidas de reducción y eficiencia del gasto público, lo que también podría afectar las perspectivas comerciales de proveedores y contratistas estatales.

¿Cómo deberían prepararse las empresas para 2027?

KPMG recomienda construir escenarios financieros que incorporen cinco variables: impuesto de renta, costo total de nómina, IVA sobre compras relevantes, inversiones previstas y dependencia de contratos públicos.

“Construir escenarios ahora ayuda a evitar que una modificación regulatoria obligue a rehacer completamente presupuestos, decisiones de contratación o planes de inversión cuando el año ya esté en marcha”, explicó Camilo Rodríguez, de KPMG.

El Proyecto de Ley 477 de 2026 todavía debe superar su trámite en el Congreso, donde puede sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación.

Por ahora, las empresas continúan sujetas a las normas vigentes. El desafío será anticipar los posibles efectos financieros sin tomar decisiones definitivas sobre disposiciones que todavía están en discusión.