Ley Integral Trans avanza en Congreso con respaldo ciudadano

^{Foto cortesía Diana Ancines C/All Ouf Fund}
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la discusión del Proyecto de Ley Integral Trans Sara Millerey, una propuesta que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas trans y no binarias en Colombia. La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 122 de 2024, representa un avance histórico en el reconocimiento de identidades de género diversas en el país.

El acto legislativo fue acompañado por una jornada simbólica en la que se entregaron más de 17.000 firmas de apoyo recolectadas a través de la plataforma All Out. En paralelo, una bandera trans de 15 metros recorrió el recinto del Congreso con los nombres de quienes respaldan la iniciativa.

“El Congreso atendió el llamado ante la urgencia de proteger la vida y la dignidad de las personas con experiencia de vida trans”, expresó Manila Amala, vocera de la Plataforma por la Ley Integral Trans. “Existe voluntad en la Cámara para abordar, por fin, una deuda histórica con nuestra población”, agregó.

Una respuesta legislativa frente a la violencia estructural

La propuesta surge en un contexto alarmante: según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 16 personas trans han sido asesinadas en Colombia en lo que va de 2025. Casos como el transfeminicidio de Nawar Jiménez, lideresa trans en Carmen de Bolívar, y el de Sara Millerey, nombre que da título al proyecto, han intensificado el llamado a una respuesta estatal.

“El Congreso tiene una oportunidad histórica para honrar la memoria de quienes hemos perdido y proteger a quienes hoy están amenazades”, señaló Illok Inti Trujillo, activista y miembro de la Plataforma Ley Integral Trans.

¿Qué propone la Ley Integral Trans?

El proyecto legislativo, construido colectivamente por más de 100 organizaciones, plantea una transformación legal en cinco ejes principales:

1. Reconocimiento de la identidad autopercibida y acceso pleno a derechos como salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.

2. Principios y enfoques antidiscriminatorios, con obligaciones claras para entidades públicas.

3. Medidas afirmativas para poblaciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos étnicos o en movilidad humana.

4. Supervisión e implementación efectiva, con mecanismos de sanción.

5. Protección específica ante violencia estructural y transfobia institucionalizada.

Desde la Plataforma impulsora, advierten que el Congreso no solo está votando un articulado, sino que está frente al clamor de “una voz plural que reclama dignidad y garantías reales”.

“Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley, sino el reconocimiento del trabajo colectivo de cientos de personas que han construido esta propuesta con rigor, evidencia y desde las experiencias vividas”, señalaron en su declaración oficial.