Más de 2.500 mujeres fortalecen el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en tres regiones de Colombia

Más de 2.500 mujeres de Bolívar, Tolima y Putumayo han recibido información, orientación y herramientas para fortalecer el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, mientras que más de 250 profesionales de la salud y del sector protección han ampliado sus capacidades para mejorar la atención y reducir barreras de acceso a servicios de salud en estos territorios.

Los resultados corresponden al proyecto Tejiendo Autonomía, una iniciativa impulsada por la Fundación Oriéntame, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, con el apoyo de la Embajada de Noruega, que busca fortalecer el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva en comunidades históricamente afectadas por brechas de atención.

Formación para reducir barreras en el acceso a la salud

El proyecto ha concentrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de capacidades tanto de la ciudadanía como del talento humano encargado de prestar los servicios de salud.

De acuerdo con los resultados reportados, más de 250 profesionales fueron certificados en procesos de formación especializados, mientras que 106 profesionales de la salud desarrollaron competencias técnicas para la prestación de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) mediante medicamentos.

Las capacitaciones incluyeron aspectos clínicos, normativos, enfoques de género y derechos humanos, con el objetivo de promover una atención integral y respetuosa para las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

Lady Alba Bermúdez, Subdirectora de Desarrollo Institucional de la Fundación Oriéntame, destacó el impacto que tiene el fortalecimiento del talento humano sobre la calidad de la atención.

"A través del entrenamiento, el proyecto impacta directamente la salud de las mujeres y las personas con posibilidad de gestar, ya que el talento humano en salud es capaz de promover una atención respetuosa, de calidad y garante de los derechos", afirmó.

Una estrategia enfocada en territorios con mayores desafíos

Las acciones desarrolladas han beneficiado principalmente a mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas y rurales, así como a personas con discapacidad y población LGBTIQ+, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a información y servicios especializados en salud sexual y reproductiva.

Además de los procesos de formación, el proyecto impulsó acciones de asistencia técnica y articulación institucional con hospitales y centros de salud en los tres departamentos participantes. Entre ellos se encuentran el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, el Hospital Centro Planadas, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, el Hospital San Juan de Nepomuceno, el Hospital José María Hernández de Mocoa y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Valle del Guamuez.

La articulación institucional como herramienta de transformación

Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido la consolidación de espacios de coordinación entre entidades del sector salud, protección y justicia para fortalecer la prestación de servicios y actualizar protocolos de atención.

A través de las denominadas Mesas Técnicas de IVE, se promovió la actualización de rutas de atención, guías clínicas y protocolos institucionales, además del fortalecimiento de la disponibilidad de insumos necesarios para la prestación de los servicios.

Estas acciones buscan garantizar respuestas más oportunas y reducir obstáculos administrativos, territoriales o institucionales que limitan el acceso de las mujeres a servicios de salud con enfoque de derechos.

El desafío sigue siendo cerrar las brechas territoriales

Los avances alcanzados en Bolívar, Tolima y Putumayo evidencian que la combinación de formación, fortalecimiento institucional y trabajo comunitario puede contribuir a mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en regiones donde persisten importantes desafíos de cobertura y atención.

La sostenibilidad de estos esfuerzos dependerá de la capacidad de las instituciones locales para mantener las capacidades desarrolladas, fortalecer la articulación intersectorial y continuar reduciendo las barreras que afectan especialmente a las mujeres en zonas rurales y apartadas del país.