Petro propone que la organización popular decida en qué se invertirá el Presupuesto General de la Nación de 2025

A través de un discurso ofrecido como parte del lanzamiento de la Misión Cauca, "una estrategia que busca garantizar el desarrollo integral y la seguridad plena en este departamento", el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció novedades en cuanto a la administración del Presupuesto General de la Nación para 2025, ajustando la manera en que hoy por hoy se determina hacia dónde se irán los dineros del Estado.

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De acuerdo con lo que determinó el mandatario, la idea es que de ahora en adelante sean las organizaciones populares las encargadas de designar los rubros que irán para cada una de las necesidades específicas que se tienen en el país a nivel general, pero también en las regiones.

"(...) Que la organización popular se reúna, no apueste para todo si no a lo estratégico, y esto se vuelve obligatorio para el Presupuesto General. Esto se llama derecho de prioridad", aseguró el jefe de Estado como parte de su mensaje en el evento citado.

Con lo anterior, insistió en que el derecho de prioridad, "perdió vigencia en la Asamblea Constituyente de 1991", pero el Gobierno "puede usarlo vía resolución", por lo que se aplicará en cierta medida en algunas de las transacciones que se hagan desde el ejecutivo.

Asimismo, le pidió al director de Planeación Nacional que todo lo dicho en el sermón sea registrado e incluido en el documento que oficializará la solicitud del Presupuesto General de la Nación de 2025, el cual debe pasarse a más tardar el 20 de julio al legislativo.

"La idea es que esto se extienda a todo el territorio excluido del país y quede explícito en el Presupuesto que se presenta en el congreso para que no nos vuelva a pasar lo que sucedió en estos seis meses, que un ministro no sabe en qué va a invertir en cada departamento", siguió diciendo el gobernante.

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Otra propuesta de Petro para el Presupuesto General de la Nación de 2025

Entre tanto, Petro también sugirió que "las obras públicas en zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economías ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo, no se pueden contratar si no eso se condena a no hacer nada”.