Proyecto de decreto plantea traslado de $25 billones a Colpensiones

El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar más de $25 billones a Colpensiones, recursos correspondientes a trabajadores que se acogieron a la “ventana de oportunidad de traslado” prevista en la reforma pensional (Ley 2381 de 2024).

La alerta fue emitida por Asofondos, que manifestó su preocupación por lo que considera una posible modificación vía decreto de lo aprobado por el Congreso. 

¿Qué plantea el proyecto de decreto?

De acuerdo con el comunicado de Asofondos, el proyecto exigiría que las AFP —Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia— giren a Colpensiones, en un plazo de 15 días tras la expedición del decreto, los saldos de las cuentas individuales de quienes usaron la ventana de traslado del artículo 76.

Estos recursos actualmente permanecen administrados por las AFP.

Según Asofondos, la Ley 2381 establece que dichos valores deben mantenerse en los fondos hasta que se consolide la pensión y, en ese momento, trasladarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.

El debate jurídico y fiscal

El artículo 24 de la Ley 2381 señala que los ingresos derivados de la ventana de traslado son fuente de financiación del fondo público pensional administrado por el Banco de la República, y que su destinación es exclusiva para financiar pensiones del nuevo esquema de pilares. 

Asofondos sostiene que el proyecto permitiría utilizar esos recursos “de manera contraria a lo que ordena la Ley”, lo que —según su presidente Andrés Velasco— podría liberar recursos del Presupuesto General de la Nación por un monto equivalente, afectando el ahorro pensional previsto en la reforma.

En el centro del debate está la vocación de ahorro de largo plazo frente a necesidades fiscales inmediatas.

¿Qué es la “ventana de oportunidad”?

El artículo 76 de la Ley 2381 permite que personas a menos de 10 años de pensionarse —o incluso con edad de pensión— puedan trasladarse entre regímenes pensionales bajo ciertas condiciones de semanas cotizadas (750 mujeres, 900 hombres al 30 de junio de 2025).

Más de 118.000 afiliados han utilizado esta opción, acumulando saldos que superan los $25 billones.

Este artículo fue exceptuado de la suspensión parcial de la reforma realizada por la Corte Constitucional (Auto 841 de 2025), por lo que sigue produciendo efectos.

Lo que está en juego

El proyecto abre tres frentes críticos:

1. Sostenibilidad fiscal: posible impacto en la caja pública si los recursos se utilizan antes de consolidarse como ahorro de largo plazo.

2. Seguridad jurídica: debate sobre si un decreto puede alterar la destinación prevista en una ley.

3. Confianza del sistema pensional: estabilidad de las reglas para afiliados que ejercieron su derecho de traslado.

Asofondos pidió revisar la iniciativa y evaluar sus implicaciones antes de avanzar en su expedición.