SIC multa a Stark Smart Gym por vulnerar derechos del consumidor

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Stark Gym S.A.S. (Stark Smart Gym) con una multa de $285.166.280 tras identificar múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores en la publicidad de sus planes y en las condiciones contractuales ofrecidas a sus usuarios.

La decisión se originó en una investigación administrativa derivada de una visita de inspección realizada en noviembre de 2023 a una de las sedes de la empresa. Según el documento oficial, la autoridad encontró irregularidades tanto en promociones y ofertas como en cláusulas contractuales. La sanción, además, no queda en firme automáticamente, pues contra el acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación.

La SIC encontró fallas en publicidad, claridad contractual y equilibrio del contrato

El corazón de la decisión está en tres hallazgos concretos. El primero fue la información incompleta en promociones y ofertas. La SIC concluyó que la promoción “Plan semestre $499.000” omitía datos esenciales para que el consumidor pudiera tomar una decisión informada, entre ellos la fecha de inicio de la promoción y el número de unidades disponibles, pese a que se anunciaba como vigente “hasta agotar existencias”.

El segundo hallazgo fue la existencia de cláusulas poco claras en los contratos de adhesión. La entidad señaló que los documentos utilizados por la empresa no cumplían con los estándares de claridad y suficiencia exigidos por la ley, al incluir disposiciones ambiguas o incompletas sobre devoluciones, terminación del contrato y condiciones de suspensión o congelación de planes.

El tercer punto fue aún más sensible: la inclusión de cláusulas abusivas, que, según la Superintendencia, generaban un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios al limitar sus derechos o trasladarles cargas desproporcionadas.

La autoridad endurece su ofensiva contra el sector de gimnasios

El caso de Stark Smart Gym no es aislado. La SIC recordó que esta decisión se suma a otras sanciones recientes impuestas a compañías del sector como Bodytech S.A., Sporty City S.A.S. (Smart Fit Colombia), Health and Life Mechanic S.A.S. (Health & Life Gym) y The Club TM S.A.S. (PowerClub).

En total, esas sanciones ascienden a $915.241.856, aunque la entidad aclaró que se encuentran en estudio dentro del marco de los recursos presentados por las investigadas.

La dimensión del problema también aparece por la vía judicial. Desde enero de 2024, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales ha emitido sentencias condenatorias contra distintos gimnasios, declarando vulneraciones a derechos del consumidor y ordenando devoluciones de dinero. Entre las conductas identificadas figuran afectaciones a la garantía de productos, al derecho a la información, al retracto y a la omisión en el reconocimiento de la voluntad del afiliado de no renovar su plan.

Más de 144 demandas reflejan un problema estructural

La propia SIC advirtió que actualmente cursan más de 144 demandas contra gimnasios, concentradas en buena parte en acciones contra Smart Fit Colombia, Spinning Center GYM y Bodytech.

Ese dato cambia la escala del asunto. Ya no se trata solo de una sanción individual a una compañía, sino de un patrón de mercado que está generando conflictividad creciente entre usuarios y operadores del sector fitness.

La entidad dejó una posición clara en su comunicado al reiterar que los contratos deben garantizar condiciones transparentes, equitativas y comprensibles, y que las empresas no pueden incluir estipulaciones que alteren el equilibrio contractual o restrinjan derechos de los consumidores.

Lo que está en juego para el sector

El negocio de los gimnasios ha crecido en volumen, membresías y agresividad comercial, pero también en exposición regulatoria. Cuando la oferta se apoya en promociones masivas, renovaciones automáticas, permanencias poco claras o reglas ambiguas de congelación y cancelación, el riesgo ya no es solo reputacional: se convierte en riesgo legal y financiero.

La sanción a Stark Smart Gym manda una señal directa a toda la industria: la captación comercial no puede construirse sobre información incompleta ni sobre contratos desequilibrados.

La decisión de la SIC muestra que el regulador está dejando de mirar estos casos como reclamos aislados y empieza a tratarlos como un problema estructural de protección al consumidor en el sector de gimnasios.

Para la industria, el mensaje es inequívoco: el crecimiento comercial ya no dependerá solo de vender más planes, sino de demostrar que esos planes se ofrecen y ejecutan bajo reglas claras, comprensibles y legalmente sostenibles.