Brookfield Corporation alerta sobre riesgos regulatorios en Colombia

Brookfield Corporation, accionista mayoritario de ISAGEN S.A. E.S.P., ha manifestado su profunda preocupación por las recientes medidas propuestas por el Gobierno colombiano en el sector energético. En una carta dirigida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la compañía advierte que el proyecto de decreto relacionado con los precios de escasez y la estabilidad tarifaria podría vulnerar los derechos de inversión extranjera y afectar la confiabilidad del sistema energético.

Contexto del proyecto de decreto

El decreto propuesto por el Gobierno, publicado para consulta ciudadana el 26 de diciembre de 2024, introduce modificaciones a la regulación de precios y establece límites a las transacciones en la bolsa de energía para generadores con fuentes renovables. Según Brookfield, estas medidas generan incertidumbre al establecer restricciones arbitrarias que favorecen a generadores de energía con combustibles líquidos por encima de fuentes sostenibles.

La corporación considera que esto contradice los compromisos de transición energética asumidos por el Estado colombiano y viola principios fundamentales de libertad económica consagrados en la Constitución. En palabras de Swati Mandava, Secretaria General de Brookfield, “es esencial garantizar un marco regulatorio estable que respalde la inversión extranjera y promueva la sostenibilidad”.

Impacto en ISAGEN y el sector energético

ISAGEN, reconocida como un actor clave en la generación de energía renovable en Colombia, podría enfrentar limitaciones operativas significativas debido a las disposiciones del decreto. La medida impone un máximo del 5% de las ventas en la bolsa de energía para generadores con fuentes renovables, lo que afecta directamente la capacidad de estas empresas para competir en igualdad de condiciones.

Además, Brookfield enfatiza que las restricciones planteadas podrían tener repercusiones negativas sobre la seguridad energética del país. Al limitar la participación de fuentes renovables, se incrementa la dependencia de combustibles fósiles, contraviniendo los objetivos de sostenibilidad promovidos por el Gobierno.

Argumentos legales y demanda de diálogo

En su comunicación, Brookfield subraya que el proyecto de decreto viola acuerdos internacionales de protección a la inversión extranjera suscritos por Colombia. Además, cuestiona la competencia del Ejecutivo para modificar aspectos regulatorios que, según la Corte Constitucional, son exclusivos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La compañía solicita una reunión con el Ministerio para abordar estos temas y explorar soluciones que protejan los intereses de los inversores y el desarrollo sostenible de Colombia. Según Brookfield, garantizar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales es crucial para mantener la confianza de los inversionistas en el país.

Perspectivas y retos futuros

A medida que Colombia avanza hacia la transición energética, las decisiones regulatorias jugarán un papel determinante en la atracción de inversión extranjera y el cumplimiento de las metas climáticas. Brookfield concluye su carta reafirmando su compromiso con el desarrollo del país, pero advierte que los cambios estructurales deben implementarse con equidad y claridad para evitar retrocesos en el sector.

La situación destaca la importancia de un diálogo constructivo entre el Gobierno y los actores del sector privado para equilibrar los intereses económicos, sociales y ambientales en la formulación de políticas públicas.