Colombia podría recortar US$40.000 millones en combustibles

Colombia podría ahorrar alrededor de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles de aquí a 2050 si acelera la adopción de vehículos eléctricos de batería, según un nuevo análisis de Carbon Tracker que pone la movilidad eléctrica en el centro de la discusión económica, fiscal y energética del país.

La cifra no es menor. El informe advierte que, si Colombia mantiene la trayectoria actual de dependencia de vehículos con motor de combustión interna, podría gastar hasta US$226.000 millones en importaciones de combustibles para el transporte por carretera hasta 2050, un monto equivalente a 1,9 veces el presupuesto nacional de 2025.

El diagnóstico de fondo es claro: la movilidad basada en gasolina y diésel ya no solo plantea un problema ambiental, sino un pasivo económico de largo plazo. En 2023, el transporte representó el 75% del consumo de petróleo en Colombia, y más del 25% de ese volumen provino de importaciones, lo que deja al país expuesto a volatilidad de precios internacionales y mayor salida de divisas.

El ahorro no sería solo en combustible

Carbon Tracker estima que una transición acelerada hacia vehículos eléctricos de batería permitiría evitar el uso de 600 millones de barriles equivalentes de petróleo hasta 2050. Pero el impacto no se limita al ahorro en importaciones. El análisis también proyecta una reducción de costos de salud asociados a la contaminación del aire y una caída significativa en daños económicos ligados al cambio climático.

En concreto, el informe calcula que la reducción de emisiones del parque automotor podría evitar hasta US$35.000 millones en daños económicos relacionados con el clima, medidos en valor presente.

La discusión, por tanto, ya no se reduce a cambiar de tecnología, sino a determinar cuánto le sigue costando al país aplazar esa transición.

Cada vehículo de combustión añade una factura futura

Uno de los puntos más contundentes del análisis está en el costo individual que genera seguir vendiendo vehículos de combustión interna. Según Carbon Tracker, cada nuevo vehículo de gasolina o diésel que entra hoy al mercado añade costos relevantes para el Estado a lo largo de su vida útil.

Las cifras proyectadas son estas:

• US$6.000 por automóvil particular
• US$120.000 por camión mediano
• US$278.000 por camión pesado
• US$350.000 por bus

El problema no está solo en el consumo presente, sino en el compromiso financiero que cada nueva venta extiende durante años.

Subsidios, finanzas públicas y seguridad energética

El informe también introduce una variable fiscal que suele quedar fuera del debate. Carbon Tracker estima que los subsidios a combustibles fósiles rondarán US$6.800 millones en 2025, mientras que los ingresos gubernamentales asociados a su venta serían de US$6.300 millones, dejando un déficit de US$500 millones.

Esa brecha refuerza la tesis de que la electrificación del transporte no solo ayudaría a reducir contaminación, sino también a aliviar presión sobre las finanzas públicas y a mejorar la resiliencia macroeconómica frente a choques externos.

La electrificación aparece así como una estrategia de seguridad energética. Al trasladar parte de la demanda del transporte hacia electricidad generada localmente, Colombia podría aprovechar mejor su matriz, apoyada en hidroelectricidad y en una base creciente de energía solar y eólica.

Colombia tiene condiciones para acelerar

El análisis sostiene que Colombia está bien posicionada para avanzar más rápido en movilidad eléctrica por tres razones: bajo nivel relativo de propiedad de automóviles, una matriz eléctrica con fuerte peso hidroeléctrico y una exposición limitada a la manufactura automotriz tradicional.

A eso se suma un factor económico inmediato: la electricidad sigue siendo más barata que la gasolina o el diésel para mover vehículos. El informe señala que el costo por kilómetro puede ser entre 28% y 55% menor, lo que mejora la competitividad operativa de los vehículos eléctricos frente a los de combustión.

La regulación será decisiva

Carbon Tracker plantea que el país necesita una estrategia económica e industrial integrada para posicionar los vehículos eléctricos de batería como un sector clave de una economía modernizada y de bajas emisiones. Entre las recomendaciones figuran regulación más fuerte del lado de la oferta, reformas fiscales coordinadas e infraestructura de carga desplegada con mayor velocidad.

En esa línea, el informe destaca la importancia de contar con estándares robustos de eficiencia vehicular, que impidan que Colombia se convierta en destino de tecnologías de combustión obsoletas y reduzcan la incertidumbre que hoy frena inversión privada en carga y renovación de flotas.

Ben Scott, autor del informe y jefe de demanda de energía en Carbon Tracker, resumió el dilema así: “Colombia tiene una clara oportunidad para evitar una mayor dependencia de combustibles importados para el transporte y los costos a largo plazo asociados con la venta continua de vehículos de combustión interna”.

El experto añadió que el país cuenta con ventajas estructurales para respaldar la transición, al tiempo que puede reducir gradualmente subsidios a los combustibles y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.