Consultas presidenciales del 8 de marzo abren debate jurídico y operativo

Las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 entraron en el centro del debate institucional luego de que la Registraduría Nacional, la Procuraduría General y la Contraloría solicitaran al Consejo Nacional Electoral (CNE) definiciones claras sobre su alcance jurídico y su viabilidad operativa.

El pronunciamiento conjunto, dirigido al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, plantea interrogantes clave sobre quiénes pueden participar en estas consultas y bajo qué condiciones, en un proceso que coincide con las elecciones al Congreso de la República.

Un calendario electoral bajo presión

Según el documento oficial, el proceso electoral del 8 de marzo contempla, de manera simultánea, las elecciones legislativas y las consultas internas de los partidos y movimientos políticos que buscan definir candidatos presidenciales.

No obstante, las entidades advierten que este cruce de procesos exige certeza jurídica previa, especialmente para las organizaciones políticas que participaron en consultas realizadas en octubre de 2025 y que ahora buscan intervenir nuevamente.

“Es necesario tener certeza jurídica de las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026”, señala la comunicación firmada por Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil, junto con Gregorio Eljach Pacheco, Procurador General de la Nación, y Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República.

Riesgos operativos y tiempos críticos

Uno de los puntos más sensibles del documento está relacionado con los plazos técnicos que enfrenta la organización electoral. La Registraduría advierte que, para garantizar la logística del proceso —incluida la votación en el exterior—, la inscripción definitiva de candidatos y el sorteo de posiciones en el tarjetón deben cerrarse a más tardar el 6 de febrero.

Cualquier indefinición posterior podría afectar la impresión, alistamiento y distribución del material electoral, lo que pondría en riesgo la jornada del 8 de marzo, especialmente en consulados y puestos internacionales.

“De no cumplirse estos tiempos, se pone en riesgo la distribución del material electoral y el normal desarrollo de la jornada”, advierte la Registraduría en el documento.

El debate de fondo: reglas claras antes de competir

Más allá de lo operativo, el mensaje de las tres entidades apunta a un asunto estructural: no puede haber competencia política sin reglas claras y estables. Permitir interpretaciones abiertas o decisiones de último momento podría afectar la transparencia del proceso y generar controversias posteriores.

Desde la óptica institucional, la solicitud al CNE no busca frenar el mecanismo de consulta, sino definir con antelación quiénes pueden participar, bajo qué condiciones y con qué efectos jurídicos, antes del cierre formal de inscripciones de precandidatos.

Lo que viene

La decisión ahora queda en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá pronunciarse para despejar las dudas planteadas y garantizar seguridad jurídica tanto a partidos como a ciudadanos.

En un escenario político ya tensionado por el calendario y la polarización, la claridad normativa se convierte en un activo crítico para la confianza democrática, especialmente en un proceso que definirá el mapa presidencial del país.