¿Corrupción en el SENA? Contraloría alerta sobre la falta de gestión en la entidad

La Contraloría General de la República ha denunciado irregularidades por más de $47.000 millones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), tras realizar una auditoría de cumplimiento que evidenció deficiencias en la gestión y recuperación de cartera. 

Según el informe, se detectaron hallazgos fiscales por un total de $47.261 millones, provenientes de anomalías en la administración de los recursos del Sena, específicamente en el manejo del Fondo Emprender y en la contratación para la prestación de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría se relaciona con la revocación del proceso de licitación de los servicios TIC, a pesar de que el Sena contaba con una oferta habilitada para la adjudicación del contrato. 

Esta decisión derivó en la prolongación de la contratación mediante la figura de urgencia manifiesta, lo que ocasionó un detrimento patrimonial de $43.660 millones. La diferencia en los valores pagados en mayo de 2024 en el contrato con Colombia Telecomunicaciones, en comparación con los costos estimados del proceso licitatorio, evidenció una gestión fiscal antieconómica que afectó gravemente los recursos públicos.

Adicionalmente, la auditoría encontró inconsistencias en los contratos del Fondo Emprender, donde los operadores y beneficiarios deben cumplir ciertas condiciones para acceder a la condonación de los recursos. 

Sin embargo, en los casos donde los emprendedores incumplieron los requisitos, el Sena no logró recuperar los fondos de manera efectiva, lo que representó una pérdida de más de $3.600 millones. Esta situación refleja una falta de diligencia en los mecanismos de control y seguimiento por parte de la entidad.

Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instado al Sena a fortalecer sus procedimientos de contratación y recuperación de cartera, con el fin de evitar nuevas pérdidas de recursos públicos. La entidad de control también ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la situación, para que se adelanten las acciones legales y administrativas correspondientes. La opinión pública y la comunidad educativa esperan respuestas concretas y medidas correctivas que garanticen la transparencia en el manejo de los fondos del Sena.