Déficit de gas natural pondría a Colombia en riesgo desde 2026

Colombia enfrenta un riesgo estructural de déficit de gas natural a partir de 2026, con un incremento acelerado en la dependencia de importaciones y una alta probabilidad de desabastecimiento si no se toman decisiones inmediatas. Así lo concluye un estudio técnico del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) elaborado para la Andesco, que analiza la sostenibilidad del abastecimiento desde la perspectiva del usuario final.

El déficit de gas natural en Colombia tendría una probabilidad del 39 % en 2026 y del 58 % en 2027, en un escenario medio de generación térmica, lo que equivale a faltantes de 117 y 129 GBTUD respectivamente. Este escenario confirma advertencias realizadas por el gremio desde 2023 sobre la caída de reservas, la concentración de la producción y la fragilidad del balance entre oferta y demanda.

Dependencia creciente del gas importado

El estudio revela que durante 2025 el gas importado representó en promedio el 23 % de la demanda nacional, una proporción que aumentaría si no se incorporan nuevas fuentes de oferta ni infraestructura adicional. Esta tendencia, según el análisis, no es coyuntural sino estructural.

La combinación entre menor producción nacional, restricciones de transporte y alta volatilidad de la demanda eleva de forma significativa el riesgo de desabastecimiento, con impactos directos sobre precios, contratos y continuidad del servicio para los usuarios residenciales, industriales y de generación eléctrica.

Decisiones que podrían costar $114 billones

De acuerdo con análisis técnicos previos de Promigas y Fedesarrollo, citados en el estudio, decisiones como frenar la exploración, no desarrollar infraestructura de importación y desmontar la generación térmica a gas podrían costarle al país hasta $114 billones. Este impacto se reflejaría en pérdida de competitividad, empleo y soberanía energética.

“Desde 2023 advertimos que el país enfrentaría faltantes estructurales de gas natural si no se tomaban decisiones oportunas. Hoy esa realidad se ha materializado. La seguridad energética no admite improvisaciones”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

Infraestructura y regulación: el cuello de botella

El análisis también señala que los balances tradicionales del sistema no incorporan plenamente riesgos como la declinación de campos, las restricciones de transporte ni la probabilidad real de déficit mensual. Por ello, concluye que es inevitable avanzar en nueva infraestructura de regasificación y en la activación de nuevas fuentes de oferta, bajo un marco regulatorio claro y predecible.

“El problema del gas no es solo de volúmenes, sino de riesgo. Para 2026 y 2027 el riesgo de déficit es alto y exige capacidad adicional”, explicó Tomás González, director del CREE.

Actualmente existen 14 proyectos de infraestructura en distintos grados de avance, pero su ejecución depende de reglas claras que permitan acelerar inversiones sin trasladar ineficiencias a los usuarios.

Medidas urgentes para evitar racionamientos

Con base en el estudio, Andesco propone cuatro líneas de acción prioritarias:

• Aumentar la oferta en el corto plazo, priorizando producción nacional y fortaleciendo la infraestructura de importación.

• Desarrollar recursos convencionales y no convencionales, que podrían multiplicar entre dos y cuatro veces las reservas actuales.

• Asegurar la atención de la demanda en escenarios de escasez, mediante ajustes operativos y regulatorios.

• Mejorar la calidad y transparencia de la información sectorial, para fortalecer la planeación energética.

Sobre la opción de importar gas desde Venezuela, Andesco advierte que no resuelve el corto plazo, debido a los desafíos técnicos, jurídicos y de inversión, y a la falta de garantías de firmeza en los volúmenes.

Una decisión de política pública inaplazable

El estudio concluye que Colombia enfrenta una desfinanciación estructural en su sistema de gas natural, que exige decisiones técnicas, oportunas y coordinadas entre Gobierno, regulador y sector privado. De no actuar, el país podría enfrentar racionamientos, mayores tarifas y una pérdida sostenida de soberanía energética desde 2026.