El empleo no lo crea el Estado: lo crean las empresas

En Colombia, el debate sobre el empleo suele centrarse en el Estado como generador de trabajo. Sin embargo, los datos revelan una realidad preocupante: en muchos municipios, especialmente los de categorías cuarta, quinta y sexta, las alcaldías son prácticamente los únicos empleadores formales. Esta situación no solo refleja la fragilidad del tejido empresarial local, sino también la rigidez de un modelo laboral que, en lugar de incentivar la generación de empleo privado, lo obstaculiza.

El Gobierno Nacional cuenta con una nómina de aproximadamente 1,38 millones de empleados públicos. Además, entre 2022 y 2024, los contratos por prestación de servicios (OPS) aumentaron en un 75,4 %, alcanzando más de 53.000 contratos en entidades del orden nacional . Este incremento ha generado un gasto superior a los 8 billones de pesos, en medio de una crisis fiscal que ha llevado al Gobierno a considerar medidas extraordinarias para financiar su funcionamiento.

Paradójicamente, mientras se promueve una reforma laboral que busca fortalecer los derechos de los trabajadores, el uso extensivo de contratos OPS, que carecen de estabilidad y prestaciones, se ha convertido en la norma en la administración pública. Esta contradicción no solo afecta la calidad del empleo público, sino que también incrementa los costos operativos del Estado, al duplicar funciones y engrosar una burocracia que ya no puede cumplir con la regla fiscal.

En este contexto, es fundamental reconocer que la verdadera generación de empleo sostenible y de calidad proviene del sector privado. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son las principales responsables de crear oportunidades laborales en el país. Sin embargo, enfrentan un entorno regulatorio y tributario que desincentiva la formalización y el crecimiento.

La reforma laboral propuesta, aunque bien intencionada, corre el riesgo de aumentar la informalidad si no se acompaña de medidas que flexibilicen la contratación y reduzcan la carga tributaria para las empresas. Es necesario modernizar nuestro modelo laboral y fiscal para fomentar la inversión, la competitividad y la generación de empleo formal.

No podemos seguir engordando un Estado que, lejos de ser eficiente, se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico. Es hora de apostar por un modelo que empodere a las empresas, promueva la formalización y cierre la brecha de desigualdad en Colombia. Solo así podremos construir un país con más oportunidades y un futuro sostenible para todos.