El verdugo de Arturo Calle no es Shein ni Temu. Es el Estado colombiano

En los últimos días, el empresario Arturo Calle volvió a ser tendencia en Colombia. Durante una audiencia en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el fundador de la marca que lleva su nombre lanzó una dura advertencia: su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos —alrededor de 1.200 en las plantas de Pereira y más de 100 en las oficinas— debido al auge de las compras por plataformas internacionales como Shein y Temu.

Calle criticó con fuerza la exención de IVA que tienen ciertas importaciones de bajo valor (principalmente las inferiores a 200 dólares) y las condiciones arancelarias que, según él, permiten que productos del exterior lleguen al país a precios con los que las empresas formales colombianas no pueden competir. También denunció prácticas de subfacturación y reiteró una queja que ha repetido durante años: las empresas legales del país soportan una carga tributaria nacional y departamental que supera el 70 %.

“Si usted tiene menos compradores, tiene que tener menos empleos porque tiene menos ingresos. Esto es muy delicado y preocupante”, dijo. Y agregó que quienes producen y comercializan formalmente en Colombia son los que más impuestos pagan sin evadir, mientras ven cómo el empleo de calidad y el recaudo se debilitan.

El reclamo de Arturo Calle es real y refleja el sufrimiento de muchos empresarios formales. Pero se equivoca de enemigo.

El verdadero problema no es la competencia extranjera

El empresario tiene razón cuando dice que está siendo aplastado. Ha perdido miles de empleos y siente cómo se reduce su operación. Sin embargo, el problema de fondo no es que Shein o Temu vendan barato. El problema es que producir y vender legalmente en Colombia es absurdamente caro por culpa del Estado.

Una empresa formal no solo enfrenta una tarifa de renta del 35 % —una de las más altas de la OCDE—. También paga ICA, predial, avisos y tableros, 4×1000, parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación), aportes a seguridad social, retenciones, anticipos y una larga lista de tributos municipales y departamentales. A eso se suma el costo permanente de cumplir con trámites, inspecciones y normas laborales rígidas.

Cuando el Estado se queda con una porción tan grande del valor que genera una empresa, cualquier competencia —legal o ilegal— se vuelve letal. Entonces llega un paquete de menos de 200 dólares casi libre de IVA y con aranceles mínimos, y el producto llega más barato. La reacción natural de quien está siendo asfixiado es pedir que le suban los impuestos al competidor: más IVA, más aranceles, más controles aduaneros. En otras palabras, pedir que el Estado use la fuerza para proteger su modelo de negocio.

Ese es el error.

El privilegio disfrazado de defensa del empleo

Pedir más proteccionismo equivale a pedir que el ciudadano común —especialmente el de menores ingresos— subsidie la ineficiencia generada por el propio Estado. Es obligar a la gente a pagar más caro por una camisa o un bolso para sostener empleos que, bajo reglas libres, no serían sostenibles al mismo nivel.

La lógica es sencilla: la solución no es igualar hacia arriba (hacer más caros los productos extranjeros). La solución es igualar hacia abajo: bajar de forma drástica la carga tributaria y regulatoria sobre las empresas colombianas.

Mientras el Estado siga exigiendo el 35 % de renta más parafiscales, ICA, 4×1000, predial y una legión de trámites, ninguna empresa formal podrá competir de verdad con quien opera desde el exterior o desde la informalidad. Y mientras eso ocurra, los empresarios formales seguirán pidiendo “protección”: más fronteras, más controles, más Estado… exactamente lo que los está matando.

Arturo Calle siente el asfixio con claridad. Pero en vez de señalar al verdugo —el tamaño y la voracidad del Estado colombiano—, le pide que use la espada contra el vecino. Eso no es competencia. Eso es pedir privilegio.

La única forma real de que las empresas colombianas puedan competir es que el Estado deje de apropiarse de una proporción tan grande de lo que producen y deje de ponerles cadenas regulatorias. Todo lo demás es teatro proteccionista que termina empobreciendo al consumidor y preservando un modelo que, bajo reglas de libertad, no aguantaría.

Menos impuestos. Menos trámites. Menos Estado. Esa es la única protección que realmente funciona.