Exministros advierten: Reforma al Sistema General de Participaciones amenaza estabilidad fiscal de Colombia

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia ha generado una gran controversia en el ámbito económico y político. En una carta abierta enviada al Congreso de la República, un grupo de exministros y exviceministros de Hacienda han advertido sobre el impacto fiscal que esta reforma podría tener en el país. La propuesta, que busca aumentar las transferencias a departamentos, distritos y municipios hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación, podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, incrementando el déficit y forzando al Gobierno a incurrir en mayores niveles de deuda.

¿Qué implica la reforma al Sistema General de Participaciones?

El proyecto de ley 018 de 2024, actualmente en discusión en el Congreso, plantea aumentar la participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación. Esto significa que, de aprobarse, los recursos asignados a regiones y municipios alcanzarían el 46.5% de los ingresos corrientes del Gobierno. Para el presupuesto de 2025, la participación se proyecta en un 25.7%, por lo que la propuesta representa un incremento significativo que podría desafiar la capacidad financiera del Estado.

La propuesta ha sido recibida con preocupación por un grupo de expertos que han desempeñado roles clave en el sector económico del país. Según los firmantes, esta reforma, aunque bien intencionada, podría traer consigo graves consecuencias fiscales. Aumentar las transferencias sin un marco de sostenibilidad claro podría llevar al país a una situación de deuda insostenible, amenazando la estabilidad económica alcanzada en las últimas décadas.

Las limitaciones del presupuesto y el riesgo de endeudamiento

El presupuesto de Colombia está compuesto en gran medida por gastos inflexibles, incluyendo pensiones, transferencias al sistema de seguridad social, pagos de la deuda pública y otras asignaciones legales. Estos rubros representan una carga que limita la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades de gasto e inversión. Según los exministros, aumentar las transferencias a las entidades territoriales, sin establecer nuevas fuentes de ingreso o sin realizar ajustes en otras áreas, provocará un aumento en el endeudamiento público.

De acuerdo con los datos compartidos en la carta, el presupuesto total para el año 2025 ya incluye gastos de personal de $60.2 billones, además de importantes asignaciones para pensiones, seguridad social y educación. En total, el presupuesto alcanza $362.4 billones, un 113% de los ingresos corrientes proyectados por el Gobierno. Con la reforma, la presión fiscal aumentaría considerablemente, llevando al Gobierno a superar el límite de deuda del 71% del PIB, como establece la ley 2155 de 2021.

La urgencia de un marco de sostenibilidad para las entidades territoriales

Los exministros y exviceministros sugieren que el Congreso debería repensar la reforma y establecer un marco de sostenibilidad fiscal antes de tomar decisiones que afecten la descentralización del país. Redistribuir competencias y recursos entre el Gobierno central y las entidades territoriales es un paso importante, pero requiere una planeación rigurosa y un análisis profundo de sus implicaciones fiscales.

Proponen que cualquier aumento en la participación de las entidades territoriales en los ingresos nacionales esté acompañado de un fortalecimiento de la capacidad de gestión fiscal a nivel local. Esto podría incluir la implementación de reformas tributarias que permitan a los gobiernos regionales generar ingresos propios y reducir su dependencia del Gobierno central. Además, enfatizan que las responsabilidades de gasto deben estar claramente definidas para evitar una carga fiscal desproporcionada.

La importancia de un debate amplio y participativo

En su carta, los exfuncionarios hacen un llamado a los congresistas a abrir un debate más amplio y participativo sobre la reforma. Instan a que se invite a representantes de la academia, la sociedad civil y autoridades territoriales para discutir las posibles alternativas. La sostenibilidad fiscal de Colombia depende de decisiones informadas y responsables, y el diálogo inclusivo es esencial para lograr un consenso que beneficie a todas las partes involucradas.

Además, destacan que la reforma no solo afecta a los departamentos y municipios, sino que también tiene implicaciones para el sector privado y el empleo. Un aumento en el déficit y la deuda pública podría derivar en un clima económico desfavorable, afectando el crecimiento, el acceso al crédito y la inversión en el país.

Consecuencias para la estabilidad económica y el desarrollo social

La reforma al Sistema General de Participaciones es un tema de suma importancia para Colombia. Si bien el fortalecimiento de las entidades territoriales es crucial para el desarrollo regional, esta medida debe implementarse de manera que no comprometa la estabilidad económica. Los exministros destacan que, si no se toman precauciones, la reforma podría tener efectos contraproducentes, impactando negativamente el crecimiento económico y la estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

La estabilidad fiscal de Colombia es una prioridad nacional que debe estar alineada con las políticas de desarrollo social y económico. La descentralización debe realizarse con prudencia, asegurando que las entidades territoriales cuenten con los recursos necesarios para gestionar sus responsabilidades sin generar un impacto desproporcionado en las finanzas públicas.