Fedesarrollo alerta sobre el impacto fiscal de la reforma al Sistema General de Participaciones

Fedesarrollo ha advertido que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), actualmente en discusión, podría desencadenar una crisis fiscal en Colombia. El proyecto propone aumentar las transferencias a departamentos y municipios del 23,8% al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de diez años. De implementarse, estas transferencias representarían el 8,4% del PIB en 2036, un incremento del 65% respecto al escenario actual.

Aumento del déficit y presión sobre la inversión

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó que este aumento en las transferencias significaría alrededor de $60 billones adicionales por año. Esta cifra supera con creces el presupuesto de inversión para 2025, que se estima en $44 billones. Mejía señaló que, incluso eliminando completamente la inversión nacional, el gobierno no podría cubrir el incremento propuesto por la reforma.

Impacto en el déficit fiscal y la deuda pública

Desde una perspectiva fiscal, Fedesarrollo proyecta que el aumento en las transferencias del SGP podría llevar el déficit al 6,4% del PIB en 2036, duplicando el 3,1% del escenario actual. Además, el endeudamiento público sobrepasaría el límite de 71% del PIB, incumpliendo la regla fiscal y generando serios riesgos para la estabilidad económica del país. Este escenario incrementaría el costo de la deuda y podría acentuar problemas de desempleo y pobreza.

Propuesta de Fedesarrollo: Ajuste en el porcentaje de transferencias

Reconociendo la necesidad de fortalecer la autonomía territorial, Fedesarrollo propuso ajustar el incremento de participación del SGP en los ingresos corrientes al 30% en lugar del 46,5% planteado, un nivel que se sitúa por encima del promedio histórico del 2000-2019 y diez puntos porcentuales superior a lo observado en 2023.

Fortalecimiento de la transparencia y capacidades locales

Fedesarrollo también enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de los entes territoriales y mejorar la transparencia en la ejecución de los recursos. La entidad recomendó implementar mecanismos de evaluación y control para asegurar una asignación eficiente de los recursos y fomentar la rendición de cuentas. Estas medidas permitirían un uso más adecuado de las transferencias, con impactos positivos en la gestión pública local.