¿Impuestos al pecado?

Por: Pablo Morales Mosquera; editor de Revista C-Level.

En países como Colombia, en los que la desnutrición es alta y aún mueren niños de hambre, parece una tontería preocuparse de que exista un consumo excesivo de salchichas, ponqués, papas fritas, galletas o gaseosas. Más aún, si se considera a las poblaciones aisladas de las grandes urbes que se “hidratan” con una Coca-Cola ante la falta de agua potable. Algunos pueden incluso asegurar que la defensa del impuesto a las bebidas azucaradas es un embeleco de despistados activistas, pero no es así.

Resulta lógico apostar por erradicar el hambre o combatir el restringido acceso a agua potable: Es una vergüenza que en un país de ingreso medio alto como Colombia estas limitaciones subsistan. Pero no por ello debemos dejar de enfrentar los daños ocasionados por el consumo excesivo de productos que contribuyen al doloroso incremento de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como las dolencias cardiovasculares, hipertensión, diabetes o ciertas formas de cáncer.

Un factor determinante de esas enfermedades es el sobrepeso, especialmente cuando llega a obesidad, que es una condición médica que ha crecido no solo en los países ricos, sino también en Colombia. Las tres encuestas nutricionales hasta ahora realizadas demuestran que la situación es ya muy seria y que, además, se está agravando. La más reciente, realizada en 2015, señala que las personas con obesidad representaban 17 % de la población de menor ingreso, casi igual al 19% en el estrato de mayor ingreso.

Lo cierto es que los impuestos saludables, también conocidos como “impuestos al pecado”, son una propuesta que ha ganado cada vez más atención en los últimos años en un esfuerzo por abordar aquellos problemas de salud pública. Pero que también conlleva sus consecuencias económicas y altera la unidad del mercado en cierta medida. ¿A qué se le debe dar prioridad?

La medida ha sido criticada por la oposición e industriales, quienes aseguran que las condiciones macroeconómicas no serían positivas a largo plazo, ya que la inflación, si bien ha caído, aún se mantiene sobre 10%. Pero el impuesto se va a transferir del fabricante al comercializador y de allí al cliente. Al final lo terminará pagando el ciudadano. En caso de que las cadenas asuman siquiera una parte, afectará a las tiendas de barrio.

La decisión trata de disuadir el consumo de productos altos en azúcar o sodio a través de un gravamen progresivo, con un alza de 10% en lo que resta de 2023, otro que será de 15% en 2024 y de 20% en 2025.

Por mencionar un ejemplo, un paquete de salchichas de siete unidades, que actualmente tiene un precio de $10.300 en una de las principales cadenas del país, pasará a costar $11.330 al cierre de 2023, mientras que para el próximo año costará $11.845 y en 2025 será de $12.360.

En el caso de las bebidas, estas se medirán por gramo de azúcar añadido por cada 100 mililitros de contenido. Así, por ejemplo, una bebida que su contenido en 100 ml tenga una cantidad mayor a seis gramos de azúcar, pero menor a 10 gramos tendrá impuesto de $18 en 2023, luego de $28 en 2024 y $38 en 2025.

Los impuestos a las bebidas azucaradas son entonces un avance significativo para la salud en Colombia, aunque hay preocupación por cuanto fueron demandados ante la Corte Constitucional. Otros ejemplos comunes incluyen impuestos sobre tabaco, alcohol y alimentos altos en grasas saturadas y azúcares. ¿Por qué no seguir avanzando en pro de la salud pública gravando el mecato y desincentivando su consumo?