Inversiones forzosas: ¿Una medida realmente efectiva?

Por: Pablo Morales Mosquera, editor adjunto Revista C-Level.

La propuesta de inversiones forzosas del presidente Gustavo Petro representa un alarmante retorno a prácticas económicas más propias de la Guerra Fría que de una economía moderna y dinámica. Esta medida plantea utilizar los ahorros de los colombianos depositados en el sistema financiero, que ascienden a $294,6 billones, para financiar proyectos elegidos por el gobierno. ¿Es esto una estrategia de desarrollo o una jugada temeraria que podría desestabilizar la economía?

La historia nos ha enseñado que este tipo de intervenciones estatales rara vez terminan bien. No es coincidencia que países de la región hayan abandonado las inversiones forzosas precisamente porque no generan los resultados esperados y, en cambio, terminan afectando a los sectores más vulnerables. En este caso, el gobierno planea tomar una porción del ahorro público y destinarlo a créditos para sectores que, según sus propios criterios, necesitan apoyo. Sin embargo, es inevitable preguntarse: ¿qué garantías tenemos de que estos fondos serán gestionados de manera eficiente y no se convertirán en otro ejemplo de despilfarro burocrático?

En Argentina, la situación fue similar. En los años 2000, el gobierno argentino forzó la conversión de depósitos en dólares a pesos, lo que desencadenó una crisis de confianza y un colapso en el sistema bancario. Las políticas de inversión forzosa generaron un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos y los inversores, agravando la recesión económica y prolongando la crisis financiera.

En el contexto colombiano, la propuesta de Petro plantea tomar una porción del ahorro público y destinarlo a créditos para sectores seleccionados, como la agricultura, la industria y la vivienda. Aunque el gobierno asegura que esta medida busca mitigar los efectos de la crisis económica y apoyar sectores clave, la falta de garantías sobre la gestión eficiente de estos fondos genera serias dudas. La intervención estatal podría resultar en un despilfarro burocrático y en la asignación de recursos a proyectos con dudosa rentabilidad.

El riesgo de que el gobierno asuma un papel central en la gestión de los ahorros también plantea preocupaciones sobre la estabilidad del sistema financiero. Con varios bancos ya enfrentando dificultades económicas, la presión adicional de financiar estas inversiones forzosas podría agravar la situación. La escasez de fondos disponibles para préstamos comerciales podría encarecer el crédito y limitar la capacidad de las empresas para invertir y crecer, exacerbando la desaceleración económica.

La incertidumbre acá es otro factor clave. Los colombianos ahorran su dinero en los bancos porque confían en la gestión profesional de estos recursos. Al trasladar esa responsabilidad al gobierno, que asignará los recursos bajo criterios que podrían no ser del todo técnicos, se genera un riesgo considerable. Las palabras del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, son contundentes: esta propuesta carece de sustento legal y constitucional, lo que la convierte en una medida cuasi confiscatoria. En otras palabras, estamos ante una posible expropiación encubierta de los ahorros de los ciudadanos.

El impacto sobre el sistema financiero no debe subestimarse. Con varios bancos ya reportando pérdidas significativas, la presión adicional de tener que destinar una parte de sus recursos a estas inversiones forzosas podría agravar la situación. Menos fondos disponibles para préstamos comerciales significan créditos más caros para quienes aún puedan acceder a ellos. Esto, en un contexto económico ya golpeado por la incertidumbre y la desconfianza, es una receta para la desaceleración económica.

Lo que debería preocuparnos no es solo la posible fuga de capitales o el aumento en el costo del crédito, sino el precedente que se sienta. Si hoy permitimos que el gobierno meta mano en nuestros ahorros para financiar proyectos de dudosa rentabilidad, ¿qué será lo siguiente? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar este tipo de intervenciones?

En lugar de fomentar la inversión y la reactivación económica a través de incentivos y un entorno favorable para el sector privado, esta propuesta parece ser un intento desesperado de forzar resultados que, en el mejor de los casos, serán temporales y en el peor, desastrosos. Es hora de exigir que las políticas públicas se basen en la confianza y la estabilidad, no en la improvisación y el control estatal sobre los recursos privados.

Qué busca la ley de inversiones forzosas en Colombia

La ley de inversiones forzosas propuesta por el presidente Gustavo Petro tiene como objetivo redirigir una parte de los ahorros depositados en los bancos hacia créditos de bajo costo destinados a sectores productivos clave, como la agricultura, la industria y la vivienda. Según Petro, esta medida busca mitigar el impacto de la crisis económica actual, que ha visto un deterioro en la cartera bancaria debido a las altas tasas de interés. Al canalizar estos recursos hacia instituciones como Bancóldex, Banco Agrario, Finagro, y el Fondo Nacional del Ahorro, el gobierno pretende reducir los costos financieros para estos sectores, promoviendo así la reactivación económica y la sostenibilidad a largo plazo.

El presidente ha subrayado que, aunque este modelo ya se ha implementado en el pasado con resultados mixtos, su enfoque actual pretende aprender de esos errores, buscando una gestión más eficiente y transparente. La propuesta también se alinea con los objetivos de fomentar una producción limpia y descarbonizada, contribuyendo a la transición energética y alejando al país de la dependencia de los combustibles fósiles.

Petro ha insistido en que esta medida no debe interpretarse como una pérdida para los bancos, ya que el gobierno compensará con una tasa de interés modesta, reduciendo así el costo financiero general. Además, el presidente ha señalado que, a pesar de las críticas, ha habido conversaciones constructivas con el sector bancario, que no se opone a la iniciativa, viéndola como una forma de prevenir crisis financieras y promover la estabilidad económica.

Este enfoque, según el gobierno, no solo busca reactivar la economía, sino también proteger el sistema bancario de posibles crisis, asegurando que la inversión se dirija hacia sectores que generen riqueza y estabilidad económica en el largo plazo.

La sombra de la expropiación: ¿Realidad o exageración?

La posibilidad de que el gobierno decida quién recibe los créditos financiados con los ahorros de los ciudadanos ha generado preocupación, ya que podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias que prioricen intereses políticos sobre la eficiencia y la equidad. Este tipo de intervención podría aumentar la incertidumbre en el sistema financiero, provocando una posible fuga de capitales y un encarecimiento del crédito. La situación también subraya la necesidad de una gestión cuidadosa y transparente para evitar que la percepción de control estatal sobre los recursos privados desestabilice la economía y erosione la confianza pública.

Además, la propuesta de inversiones forzosas puede ser vista como un precedente peligroso, que podría desencadenar mayores intervenciones en el futuro. Si bien el gobierno busca justificar la medida como una respuesta a la crisis económica y un impulso para sectores estratégicos, el riesgo de que esta estrategia se traduzca en un mayor control estatal sobre el sistema financiero es real. Este enfoque podría no solo frenar la inversión privada, sino también socavar la estabilidad a largo plazo, especialmente si los fondos se destinan a proyectos que no cumplen con criterios rigurosos de viabilidad económica.

En un entorno económico ya debilitado, esta medida podría ser contraproducente si no se maneja con la suficiente transparencia y responsabilidad. La desconfianza generada podría afectar la percepción de Colombia como un destino seguro para la inversión, alejando a potenciales inversores y dificultando aún más la recuperación económica del país.