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Liga Central contra la Epilepsia, al borde del cierre por deuda de $858 millones de cuatro EPS
La Liga Central contra la Epilepsia advierte riesgo de cierre tras 47 años: reclama $858 millones a cuatro EPS y tiene programas infantiles suspendidos.
Miércoles, 18 de noviembre de 2026
La Fundación Liga Central contra la Epilepsia (LICCE) advirtió que podría cerrar definitivamente sus puertas después de 47 años de atención médica y psicosocial, debido a una crisis financiera que atribuye principalmente a las deudas pendientes de cuatro entidades promotoras de salud (EPS).
Según la institución, Famisanar, Salud Total, Aliansalud y Compensar le adeudan en conjunto $858 millones, situación que ha reducido su liquidez y contribuido a la acumulación de obligaciones propias por $1.181 millones.
La crisis ya tiene consecuencias en la prestación de servicios. Los programas de Aprendizaje y de Habilitación y Rehabilitación permanecen suspendidos desde enero de 2026, mientras las familias de niños con condiciones neurológicas enfrentan dificultades para continuar sus tratamientos.
La fundación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las entidades responsables de los pagos para evitar el cierre de una institución que ha atendido principalmente a pacientes de hogares vulnerables.
Liga Central contra la Epilepsia: una crisis financiera que amenaza 47 años de atención
Fundada en 1979 por el médico Carlos Medina Malo, la LICCE es una organización sin ánimo de lucro especializada en el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de personas con epilepsia y otras condiciones neurológicas.
Durante los últimos cinco años, la institución reporta haber atendido a más de 7.000 pacientes con epilepsia, realizado 7.682 electroencefalografías y practicado 434 exámenes de telemetría.
También ha desarrollado programas de formación dirigidos a profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, entre ellos 43 ediciones de su Curso de Actualización en Epilepsia, una iniciativa educativa que mantiene desde 1983.
Sin embargo, la fundación advierte que sus dificultades financieras comprometen la continuidad de estos servicios.
De los $1.181 millones que reporta en obligaciones propias, el 77% corresponde a honorarios del personal asistencial y administrativo, mientras el 23% restante está asociado con compromisos financieros.
Las cifras de cartera denunciadas por la LICCE no han sido contrastadas de manera independiente con las cuatro EPS señaladas.
Programas suspendidos y niños que abandonan sus tratamientos
La crisis económica no solamente afecta la operación administrativa de la institución.
Según la LICCE, su Programa de Aprendizaje, con cobertura aproximada de 1.500 niños al año, permanece suspendido desde enero de 2026. La misma situación se presenta con el programa de Habilitación y Rehabilitación.
Adicionalmente, el Programa de Neurodesarrollo registra una deserción de entre el 20 % y el 30 % de los 400 niños atendidos anualmente.
Esto equivale a entre 80 y 120 menores que dejan de participar en el programa, según las proporciones informadas por la institución.
La fundación advierte que muchos de estos pacientes pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a familias clasificadas en el Sisbén, para quienes encontrar alternativas de atención especializada puede resultar especialmente difícil.
“La epilepsia no es una condena, pues dos de cada tres pacientes logran controlarla con el tratamiento adecuado y a tiempo. Pero cada mes de demora puede significar que un paciente pierde su oportunidad de aprender, de trabajar y de ser aceptado”, afirmó Laura Guío, neuropediatra y directora de la Liga Central contra la Epilepsia.
La especialista subrayó que las consecuencias de la enfermedad no controlada también se extienden al entorno familiar y social de los pacientes.
La fundación solicita intervención del Gobierno y pago de las EPS
Ante la gravedad de la situación, los directivos de la LICCE enviaron una comunicación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la ministra de Salud, Ana María Vesga, solicitando una intervención urgente.
La principal petición consiste en gestionar el pago de las obligaciones pendientes por parte de las EPS y agilizar los giros correspondientes mediante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), según los mecanismos aplicables.
La entidad también busca vincular a organizaciones privadas y ciudadanos mediante mecanismos de financiación que permitan sostener la atención a los pacientes.
La solicitud se conoce mientras diferentes prestadores de servicios de salud del país enfrentan dificultades relacionadas con cartera pendiente, costos de operación y disponibilidad de recursos.
En el caso de la LICCE, la institución no informó una fecha definitiva para el eventual cierre ni un acuerdo de pago que permita asegurar la recuperación de su operación.
Empresas y ciudadanos pueden apoyar la continuidad de los tratamientos
Además del llamado a las autoridades sanitarias, la fundación abrió una campaña de recaudo denominada Donatón Pro-Recursos.
La iniciativa contempla donaciones de particulares y una propuesta dirigida al sector empresarial a través de su Plan Padrino.
Mediante este programa, las compañías podrán contribuir a financiar el tratamiento y la rehabilitación integral de un niño durante un periodo mínimo de seis meses.
La LICCE también propone aportes asociados con las ventas empresariales, donaciones de nómina con contribución del empleador y acuerdos de colaboración.
La organización señala que determinadas donaciones podrían acogerse a beneficios tributarios, cuya aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
Los interesados pueden consultar la información institucional y los canales autorizados de donación en www.epilepsia.org.
¿Qué pasaría con los pacientes si cierra la Liga Central contra la Epilepsia?
La posible interrupción de los servicios representa un riesgo para la continuidad asistencial de personas que requieren controles neurológicos, seguimiento médico, rehabilitación y acompañamiento psicosocial.
En pacientes con epilepsia, la continuidad del tratamiento es especialmente importante para mantener el control de las crisis y reducir las complicaciones asociadas con la enfermedad.
Un eventual cierre exigiría establecer mecanismos de transición y remisión para garantizar que los pacientes puedan seguir recibiendo atención en otras instituciones.
La LICCE sostiene que necesita recuperar los recursos pendientes y obtener apoyo financiero para evitar ese escenario.
El principal interrogante ahora es si las EPS y las autoridades sanitarias podrán establecer una solución antes de que la fundación se vea obligada a suspender definitivamente sus servicios.
La situación coloca nuevamente en discusión las consecuencias de los problemas de flujo de recursos del sistema de salud sobre instituciones especializadas y pacientes que requieren atención continua.