Más de 70 municipios plantean cambios para una nueva descentralización en Colombia

La descentralización en Colombia necesita avanzar no solo en transferencia de recursos y competencias, sino también en capacidades institucionales, fiscales y técnicas de los territorios. Esa fue una de las principales conclusiones del Congreso de Finanzas Públicas Territoriales, que reunió en Medellín a cerca de 500 participantes y representantes de más de 70 municipios.

El encuentro dejó una agenda con siete prioridades para municipios y departamentos: recomponer la relación con el Gobierno Nacional, profundizar la descentralización, modernizar las normas territoriales, incorporar inteligencia artificial y tecnología, fortalecer ingresos propios, capturar valor para financiar desarrollo urbano y simplificar el sistema tributario local.

El punto de partida es que los territorios no cuentan con las mismas condiciones para administrar mayores responsabilidades.

“La descentralización no puede ser solamente una descentralización de competencias y recursos; tiene que avanzar hacia una descentralización de capacidades”, afirmó Ricardo Valencia, gerente de Gobs Estrategias Públicas, organizadora del Congreso.

Descentralización en Colombia exige reconocer las diferencias regionales

Uno de los consensos del encuentro fue que profundizar la autonomía territorial bajo un modelo uniforme puede ampliar las brechas entre municipios.

Las discusiones plantearon mecanismos como descentralización diferencial, transferencias asociadas a capacidades y resultados, asistencia técnica y esquemas asociativos entre municipios y departamentos.

También surgió una propuesta para estudiar la creación de una Superintendencia de Descentralización, que permita relacionar las capacidades territoriales con sus resultados y acompañar de manera diferenciada a las entidades locales.

El debate traslada así la discusión desde cuánto dinero debe transferirse hacia una pregunta más amplia: qué capacidades necesita cada territorio para administrar esos recursos y convertirlos en resultados.

Datos y tecnología pueden aumentar el recaudo territorial

La modernización de las finanzas públicas fue otro de los ejes centrales.

Uno de los casos expuestos mostró que en Antioquia existían más de 1.500 bases de datos relacionadas con el impuesto de vehículos que no estaban integradas. La construcción de un “lago de datos” del contribuyente acompañó un crecimiento de 21% en el recaudo de este impuesto durante un año.

La experiencia puso sobre la mesa cuatro variables para mejorar los ingresos territoriales: calidad de la información, diseño tributario, capacidad institucional y tecnología.

La conclusión es que la interoperabilidad y el uso de datos empiezan a convertirse también en herramientas fiscales.

Medellín tiene $330 billones en valor catastral

El Congreso también abordó alternativas para financiar infraestructura y desarrollo urbano sin depender exclusivamente de las fuentes tradicionales.

En Medellín se señaló un valor catastral cercano a $330 billones, mientras menos del 1% se convierte actualmente en recaudo tributario asociado a esa infraestructura.

Entre las alternativas discutidas estuvieron la renovación urbana, titularización de ingresos futuros del predial, plusvalía, valorización, aprovechamiento del suelo y asociaciones público-privadas.

La discusión parte de que las inversiones públicas y las decisiones de ordenamiento generan valorización en el territorio y abre la pregunta sobre qué parte de ese valor puede utilizarse para financiar nuevos proyectos.

La reforma del ICA entra en la agenda territorial

La transformación de la economía digital también está presionando la actualización de los impuestos locales.

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) fue uno de los ejemplos señalados durante el encuentro, debido a las dificultades de las reglas actuales para responder a nuevas formas de prestación de servicios y actividades económicas.

“La reforma del ICA no puede seguir esperando: la economía cambió mucho más rápido que la norma”, fue una de las conclusiones planteadas durante las discusiones.

La modernización normativa aparece así como parte del fortalecimiento de los ingresos propios, pero también de la simplificación para empresas y contribuyentes.

Inteligencia artificial entra en las finanzas públicas territoriales

La agenda plantea que los gobiernos locales incorporen IA, nuevas tecnologías e interoperabilidad para administrar mejor sus finanzas y convertir información dispersa en capacidad de decisión.

El objetivo no se limita a digitalizar trámites. También incluye mejorar el recaudo, identificar riesgos, simplificar procesos y facilitar la gestión presupuestal.

Ese frente hace parte de las siete prioridades que serán llevadas a los secretarios de Hacienda de los municipios participantes para identificar problemas comunes y posibles mecanismos de articulación.

Siete prioridades para la nueva agenda territorial

Las conclusiones del Congreso se concentraron en los siguientes frentes:

1. Recomponer la relación con el Gobierno Nacional para coordinar prioridades entre Nación y territorios.
2. Profundizar la descentralización, reconociendo las diferencias institucionales, técnicas y fiscales.
3. Modernizar los marcos normativos territoriales relacionados con finanzas públicas, planeación y desarrollo.
4. Incorporar tecnología e inteligencia artificial para mejorar gestión, información e interoperabilidad.
5. Fortalecer los ingresos propios y explorar fuentes alternativas de financiación.
6. Capturar valor generado por infraestructura y ordenamiento territorial para financiar desarrollo urbano.
7. Simplificar el sistema tributario territorial y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. 

Las propuestas serán sistematizadas bajo una metodología que busca pasar de la identificación del problema a soluciones, actores responsables e iniciativas concretas de incidencia.

El debate deja una conclusión para la siguiente etapa de la descentralización: transferir más recursos puede ampliar la autonomía, pero sin capacidades técnicas, información, reglas claras y mejores ingresos propios, esa autonomía difícilmente se traducirá en mejores resultados para los ciudadanos.