La confianza pública nace de la contratación transparente

La contratación pública en Colombia es uno de los pilares más sensibles de nuestra democracia. Según Transparencia por Colombia (2023), cerca del 15 % del presupuesto público se pierde anualmente por corrupción. Son más de 50 billones de pesos que deberían destinarse a salud, educación o innovación, pero terminan siendo desviados. Frente a esta realidad, necesitamos reconfigurar la contratación como un instrumento estratégico para recuperar la confianza ciudadana, impulsar el desarrollo y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

En sectores como la educación digital, esto cobra un valor aún más evidente. Cada computador que llega a una escuela rural, cada proceso de formación docente o proyecto tecnológico que conecta a comunidades apartadas es el resultado de decisiones contractuales. La calidad de esos procesos determina, en gran parte, si la tecnología transforma o simplemente pasa de largo.

Contratar bien no es solo cumplir con lo que dicta la ley. Es también garantizar pluralidad, transparencia y visión estratégica. La Contraloría General de la República ha mostrado que los procesos que fomentan la competencia abierta reducen en un 30% los riesgos de sobrecostos y favorecimientos. Cuando se permite la participación de distintos operadores y proveedores calificados, se mejora la calidad de los servicios y se optimiza cada peso invertido.

Hoy, en el contexto de una transformación digital profunda, la contratación pública no puede seguir siendo un procedimiento puramente técnico o administrativo. Debe entenderse como una herramienta para cerrar brechas y democratizar el acceso a oportunidades. Según el DANE, en 2023 el 40% de los municipios rurales aún enfrentaban grandes desafíos de conectividad. ¿Cómo superar esa desigualdad si no se contrata con enfoque territorial, transparencia y ética?

Cada proceso contractual exitoso es también una oportunidad para reconstruir el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Solo el 28% de los colombianos confía en las instituciones públicas. Esa cifra puede mejorar si lo público se hace bien, si hay resultados claros, seguimiento y rendición de cuentas. La confianza no se impone: se cultiva con hechos.

La ética pública no es un discurso, es una estrategia. Países con altos estándares de integridad en la gestión tienen economías más sólidas y sociedades más cohesionadas, según el Banco Mundial. Y en el caso colombiano, apostar por lo ético, lo plural y lo transparente es también la vía más efectiva para consolidar un país innovador, digital e inclusivo.

Hoy más que nunca, necesitamos servidores públicos, líderes y ciudadanos que entiendan que la contratación estatal no es un trámite, sino una poderosa herramienta para construir futuro.