Organizaciones civiles rechazan convocatoria a consulta laboral por decreto presidencial

Más de 25 organizaciones sociales, jurídicas y académicas manifestaron su preocupación frente al anuncio del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral mediante decreto presidencial. A través de un comunicado conjunto, hicieron un llamado urgente a que se abstenga de expedirlo y se respete el marco institucional vigente.

El documento advierte que una decisión de esta naturaleza se basa en una “interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes”, ya que el trámite de una consulta popular debe pasar por el Congreso de la República y ser revisado por la Corte Constitucional, no decretado de forma unilateral por el Ejecutivo.

Riesgo de regresión institucional y régimen autoritario

Aunque las organizaciones firmantes reconocen la legitimidad de los mecanismos de participación ciudadana como la consulta, enfatizan que deben enmarcarse en procedimientos constitucionales. Activarlos por decreto —afirman— podría sentar un precedente peligroso para la democracia.

“Evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario requiere respetar las vías institucionales”, señala el documento.

También advierten que este tipo de decisiones puede generar un clima de tensión entre las ramas del poder público y desincentivar el debate democrático deliberativo. En su lugar, llaman a garantizar los derechos laborales y sociales a través de procesos legislativos transparentes y representativos.

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Llamado a los poderes públicos: responsabilidad y mesura

El pronunciamiento está dirigido a las distintas ramas del Estado. Las organizaciones:

• Instan al Congreso a abstenerse de realizar prácticas parlamentarias indeseables.

• Invitan al Legislativo a discutir una reforma laboral con enfoque constitucional.

• Solicitan a la Rama Judicial ejercer los controles debidos sobre los actos del Ejecutivo.

• Exhortan al Gobierno a impulsar la reforma laboral dentro de las reglas institucionales.

En su conclusión, reiteran su compromiso con una democracia participativa, plural y deliberativa, con base en el respeto a los procedimientos, la división de poderes y el Estado Social de Derecho.

Las organizaciones firmantes

El comunicado está respaldado por entidades como Dejusticia, Transparencia por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Pares, ILEX Acción Jurídica, Colnodo, Foro Nacional por Colombia, CINEP, ConCiudadanía, Región, Todos por Medellín, Movilizatorio, entre otras organizaciones sociales, académicas y jurídicas.