Riesgo de cierre en Cerro Matoso por suministro de gas

La operación de Cerro Matoso, una de las principales productoras de ferroníquel del país, está en riesgo por la solicitud de Canacol Energy de terminar el contrato de suministro de gas que abastece cerca del 80% de su operación.

La situación, actualmente en revisión por una corte en Alberta (Canadá), podría comprometer la continuidad de una operación industrial que funciona 24 horas al día y depende completamente del gas natural como insumo crítico.

Un riesgo operativo sin sustitutos

El impacto no es menor. Los hornos de Cerro Matoso requieren operación continua para mantener su régimen térmico, y no cuentan con fuentes alternativas de energía que permitan reemplazar el gas natural.

Una interrupción no solo implicaría detener la producción, sino riesgos estructurales en los equipos, con costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones por horno, además de tiempos de recuperación superiores a 10 meses.

El impacto económico trasciende la operación

Las consecuencias de un eventual cese van más allá de la compañía. En 2025, Cerro Matoso generó más de 2.000 empleos y aportó $334.570 millones en regalías e impuestos al Estado colombiano.

A esto se suma una red de impacto social que alcanza a más de 50.000 personas en 25 comunidades, con más de 550 proyectos en ejecución.

En términos productivos, la operación dejaría de generar cerca de 95 toneladas diarias, lo que se traduce en pérdidas para la empresa cercanas a $5.100 millones por día, además de impactos en la cadena de proveedores.

Efecto país: energía, precios y abastecimiento

El impacto también se trasladaría al sistema energético. La terminación de contratos de gas podría presionar al alza las tarifas para usuarios en la Costa Atlántica, afectando el costo de vida y la competitividad regional.

Además, por cada día de suspensión, se estiman pérdidas cercanas a $1.000 millones para el país en menores ingresos fiscales y actividad económica.

Un conflicto con implicaciones regulatorias

Cerro Matoso ha calificado la solicitud de terminación como improcedente y ha manifestado su expectativa de que las autoridades colombianas intervengan.

La compañía señala que el contrato se rige por la legislación nacional, por lo que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos tendrían un rol clave en la defensa del orden jurídico y la estabilidad del suministro energético.

El caso de Cerro Matoso expone una vulnerabilidad estructural: la dependencia crítica de insumos energéticos en industrias estratégicas sin alternativas operativas inmediatas.

Para Colombia, el desafío no es solo resolver este contrato, sino garantizar estabilidad en el suministro energético para sectores productivos clave. Lo que está en juego no es una operación aislada, sino la confianza en la seguridad industrial y energética del país.