Universidades públicas en Colombia enfrentan una crisis financiera estructural, advierte la Contraloría

La crisis financiera de las universidades públicas en Colombia quedó en evidencia tras la publicación del estudio sectorial Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024), elaborado por la Contraloría General de la República. El informe concluye que solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible, mientras que el resto depende en gran medida de los aportes del Estado para mantener su operación.

El 50,1 % de los ingresos del sistema universitario público proviene de recursos nacionales, una estructura que, según el órgano de control, limita la planeación de largo plazo, profundiza brechas regionales y reduce la autonomía financiera de las instituciones.

Alta concentración de recursos y profundas desigualdades regionales

El estudio identifica una marcada concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de universidades. En particular, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.

Esta distribución tiene efectos directos sobre la equidad del sistema. Los ingresos por estudiante presentan brechas extremas, que van desde $11,4 millones en la UNAL hasta $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4,5 millones en el periodo analizado.

Estas asimetrías comprometen la igualdad de oportunidades y refuerzan las diferencias regionales en cobertura, calidad e infraestructura, señala el informe.

El pasivo pensional: la carga estructural más crítica

Uno de los hallazgos más preocupantes es el pasivo pensional del sistema universitario público, que alcanzó $10,3 billones en 2024 y se consolida como la principal presión estructural sobre la sostenibilidad financiera del sector.

Este pasivo está altamente concentrado: la UNAL y la Universidad del Valle representan el 57,8 % del total, con obligaciones por $4,5 billones y $1,4 billones, respectivamente. Esta carga desvía recursos que podrían destinarse a docencia, investigación e infraestructura, limitando la capacidad de expansión institucional.

Solvencia desigual y límites para generar ingresos propios

Aunque el análisis de solvencia muestra que el 75,8 % de las universidades tiene capacidad para respaldar sus obligaciones, un 24,2 % presenta indicadores inferiores, lo que evidencia márgenes financieros estrechos y menor capacidad de maniobra.

La consulta realizada a 31 universidades refuerza estos resultados y revela problemas recurrentes: insuficiencia de aportes estatales, aumento sostenido de los gastos de personal, presión del pasivo pensional y serias limitaciones para aumentar los ingresos propios.

Reforma legal y dudas sobre su sostenibilidad fiscal

El informe también analiza el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 de 1992 y avanza hacia la gratuidad de la educación superior. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría proyecta un impacto de $27,8 billones hasta 2036, al incluir costos adicionales no contemplados inicialmente.

Si bien el órgano de control reconoce que el proyecto avanza hacia niveles de financiación comparables con países de la OCDE, advierte que cualquier aumento del gasto debe estar respaldado por fuentes claras, verificables y sostenibles en el largo plazo.

Un llamado a replantear el modelo de financiación

El estudio concluye que la educación superior pública en Colombia enfrenta una desfinanciación estructural, agravada por la dependencia del presupuesto nacional, la concentración de recursos, el pasivo pensional y la limitada generación de ingresos propios.

Ante este escenario, la Contraloría plantea la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso, ajustar anualmente los recursos a los costos reales del sistema y proteger los recursos misionales, como condiciones indispensables para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema universitario público.