Venezuela 2024: Un Espejismo de democracia latinoamericana bajo la lupa internacional

Por: Pablo Morales Mosquera, editor adjunto Revista C-Level.

El reciente proceso electoral en Venezuela, celebrado el domingo, ha suscitado una serie de interrogantes que subrayan la profunda crisis de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Por primera vez en más de una década, el chavismo se enfrentó a la oposición en unas elecciones que, a pesar de su alto perfil, han puesto en evidencia las graves irregularidades y el control autoritario que persiste en el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la hegemonía de magistrados afines al Gobierno, proclamó a Nicolás Maduro como vencedor con un 51,2% de los votos, superando a su principal rival, el diplomático Edmundo González Urrutia, por siete puntos. Sin embargo, este resultado ha sido ampliamente cuestionado por la oposición liderada por María Corina Machado. La coalición opositora ha denunciado numerosas irregularidades en el proceso de escrutinio y ha puesto en duda la transparencia del mismo. Según sus alegaciones, el acceso a las actas —del cual solo pudieron verificar el 73%— revela una tendencia opuesta a la proclamada por el CNE, sugiriendo una posible victoria para González Urrutia.

El entorno de falta de transparencia que rodea estas elecciones no solo ha levantado preocupaciones en Venezuela, sino que ha movilizado a la comunidad internacional. Organismos como la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y el Centro Carter han exigido la publicación completa de las actas y la presencia de verificadores imparciales para autenticar los resultados. La exigencia es clara: si Maduro pretende legitimar su reelección, debe demostrarlo con total transparencia. La ausencia de observadores internacionales independientes y la limitación de la participación de la oposición, sumadas a la represión y el control gubernamental, han alimentado las sospechas de fraude.

El régimen de Maduro ha demostrado una falta de interés en mantener las apariencias democráticas. Desde antes de los comicios, la administración chavista impidió una amplia observación internacional, bloqueando a la misión de la Unión Europea y restringiendo el acceso a expresidentes latinoamericanos y a periodistas independientes. La inhabilitación de María Corina Machado y la persecución de colaboradores de la oposición solo han agravado la percepción de que las elecciones no fueron conducidas en un marco de igualdad y justicia.

Además, el proceso de votación desde el exterior fue especialmente problemático. De los aproximadamente cinco millones de venezolanos que han emigrado debido a la crisis económica y social, solo 69.000 pudieron registrarse para votar, debido a un plazo extremadamente corto y a requisitos burocráticos casi inalcanzables. Esta restricción no solo limita el ejercicio del voto de los emigrantes, sino que también refuerza la percepción de que el régimen está dispuesto a manipular el proceso para asegurar su permanencia en el poder.

Para que el resultado anunciado por el CNE sea considerado creíble, es imperativo que el Gobierno de Nicolás Maduro permita una revisión exhaustiva de las actas. Simultáneamente, la oposición tiene la responsabilidad de respaldar sus acusaciones con pruebas concretas, como la documentación en su poder. La candidatura de González Urrutia aceptó participar bajo condiciones desiguales y adversas, lo que pone aún más presión sobre la necesidad de un escrutinio riguroso y transparente.

En un momento de crisis y tensión, es esencial que ambas partes actúen con responsabilidad. Las movilizaciones masivas deben respetar el derecho a la protesta pacífica y evitar la violencia. El pueblo venezolano, que votó bajo condiciones de gran adversidad, merece un proceso electoral que refleje verdaderamente sus deseos y aspiraciones. La comunidad internacional debe mantener su vigilancia y apoyar los esfuerzos hacia una auténtica democratización, para que Venezuela pueda superar su largo periodo de autoritarismo y avanzar hacia un futuro más justo y participativo.

¿Podemos considerarnos exentos de farsas electorales en América Latina?

En un contexto latinoamericano marcado por la corrupción y el autoritarismo, las recientes elecciones en Venezuela, que se han caracterizado por una serie de irregularidades y sospechas de fraude, nos obligan a cuestionar si países vecinos como Colombia están realmente exentos de problemas similares. El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado cómo un sistema electoral puede ser manipulado para perpetuar el poder en detrimento de la verdadera voluntad popular. ¿Estamos seguros de que en Colombia, con sus propias tensiones políticas y sociales, no podríamos enfrentar situaciones similares?

La denuncia de la oposición venezolana sobre las irregularidades en el proceso electoral y la falta de transparencia no es un caso aislado. En muchos países de América Latina, la administración de los procesos electorales ha estado envuelta en controversias. En Colombia, la creciente polarización política y los escándalos de corrupción podrían fácilmente erosionar la confianza en las instituciones electorales. Las recientes investigaciones sobre posibles fraudes en elecciones regionales y las preocupaciones sobre la influencia de grupos armados en las campañas políticas son señales alarmantes de que el sistema no está exento de problemas.

Además, la administración del voto en el extranjero y las restricciones a la participación ciudadana en Venezuela reflejan una táctica común utilizada por regímenes autoritarios para limitar la voz del pueblo. En Colombia, aunque la situación es diferente, la dificultad para garantizar la participación plena de todos los ciudadanos, especialmente en regiones conflictivas o en el exterior, plantea dudas sobre la equidad del sistema electoral. La falta de acceso adecuado para todos los votantes y la manipulación de los procesos pueden ser tentaciones que surgen en contextos políticos tensos.

Es fundamental que en América Latina, cada nación evalúe sus propios sistemas electorales con rigor y honestidad. Las experiencias de países como Venezuela deben servir de advertencia para que los ciudadanos y las instituciones en Colombia y en otras naciones de la región se mantengan vigilantes y exigentes con respecto a la transparencia y legitimidad de sus procesos electorales. Solo a través de un compromiso firme con la democracia y la justicia electoral podremos evitar que las farsas electorales y los regímenes autoritarios ganen terreno en nuestra región.