$14,38 billones en indemnizaciones: el seguro busca ampliar la protección de los colombianos hacia 2050

Durante el primer semestre de 2026, las aseguradoras colombianas pagaron $14,38 billones en reclamaciones, recursos que respaldaron a hogares, empresas y personas afectadas por situaciones que comprometieron su patrimonio, ingresos, salud o estabilidad económica. En el marco de la conmemoración de sus 50 años, Fasecolda plantea una apuesta hacia 2050 para ampliar el acceso al seguro y fortalecer la capacidad del país para anticiparse financieramente a los grandes riesgos.

Entre junio de 2022 y junio de 2026, la penetración del seguro pasó de 2,86% a 3,12%, mientras que las primas emitidas crecieron 18% en términos reales. Aunque el sector ha avanzado, el nivel de penetración continúa por debajo del registrado en los países de la OCDE, que alcanza 6,2 %. Los mayores crecimientos en primas durante este periodo se presentaron en seguro previsional (26%), salud (21%), riesgos laborales (16%), cumplimiento (14%) y vida grupo y colectivo (12%).

El terremoto del 10 de agosto evidenció la importancia de contar con mecanismos de protección financiera frente a desastres naturales. Con corte al 25 de septiembre, las aseguradoras habían recibido 92.336 reclamaciones, con reservas estimadas por $5,75 billones y pagos realizados por $400.987 millones. Más de 140 firmas de ajustadores participan en la evaluación técnica de los bienes afectados y en la cuantificación de las pérdidas para avanzar en los procesos de indemnización, reparación y reconstrucción.

Actualmente, Colombia cuenta con cerca de 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor asegurado cercano a $2.582 billones; sin embargo, solo alrededor del 9,3 % de las viviendas cuenta con algún seguro de hogar. Frente a esta brecha, Fasecolda propone avanzar en un programa público-privado de aseguramiento frente a riesgos catastróficos, que articule las capacidades del Estado, las aseguradoras y el mercado reasegurador internacional.

La propuesta contempla que las aseguradoras privadas asuman los riesgos que estén en capacidad de cubrir, mientras el Estado mantenga un papel frente a aquellos que, por su naturaleza o magnitud, excedan las posibilidades del mercado. También plantea fortalecer la información sobre la exposición y vulnerabilidad de los territorios, promover infraestructura más resiliente y desarrollar soluciones que permitan disponer de recursos con mayor rapidez después de una catástrofe.

La agenda de la industria también incorpora los riesgos emergentes. La inteligencia artificial, la medicina personalizada, el envejecimiento de la población, las amenazas cibernéticas y la transición energética están transformando las necesidades de protección de personas, empresas y gobiernos, mientras el cambio climático, los riesgos catastróficos y la inclusión financiera ocupan un lugar central en las discusiones de la Convención Internacional de Seguros 2026.

“El reto es avanzar hacia un modelo que permita al país anticiparse financieramente a los grandes riesgos, ampliar las posibilidades de aseguramiento y reducir la vulnerabilidad económica de los colombianos”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda. En este contexto, el gremio plantea que la regulación y la tributación reconozcan las particularidades de la actividad aseguradora y preserven la capacidad financiera necesaria para asumir y transferir riesgos.

El sector asegurador llega así a una nueva etapa con el desafío de ampliar la protección de personas, empresas y territorios. Durante el primer semestre de 2026, las actividades financieras y de seguros crecieron 3,6 %, por encima del crecimiento general de la economía, mientras el sector asegurador registró un crecimiento de 3,2 % en el segundo trimestre frente al mismo periodo de 2025. Para Fasecolda, fortalecer el aseguramiento será clave para que Colombia cuente con mayores herramientas financieras para enfrentar los riesgos presentes y futuros.