Bogotá tiene 1,4 millones de trabajadores informales: ¿qué frena su formalización?

Bogotá registró 1.428.000 trabajadores informales durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, según la medición más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra equivale al 33,3% de los 4.283.000 ocupados de la ciudad. Al mismo tiempo, Bogotá cerró 2025 con 432.275 empresas activas, de las cuales el 92,8% eran microempresas, un tejido productivo especialmente expuesto a los costos regulatorios, las dificultades de acceso al crédito y la complejidad de los trámites.

Cinco investigaciones realizadas en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala identificaron factores que limitan la formalización y el crecimiento empresarial en la región. Los hallazgos incluyen cargas tributarias, licencias que tardan varios meses, baja capacidad institucional y dificultades para transformar la digitalización de los trámites en procesos realmente más sencillos.

Los estudios serán presentados el 17 de septiembre en Bogotá durante el foro regional LATAM Sin Barreras, organizado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional.

Solo el 1% de los vendedores registrados accedió a inclusión productiva

El estudio colombiano, elaborado por el Centro de Estudios Manuel Ramírez, examinó la regulación y el aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá.

Entre 2001 y 2024, las autoridades registraron y caracterizaron a más de 23.400 vendedores informales. Sin embargo, apenas el 1% fue objeto de procesos de inclusión productiva, de acuerdo con la investigación.

Este resultado no corresponde al universo completo de 1,428 millones de trabajadores informales de la ciudad, sino específicamente a los vendedores registrados en el espacio público. La diferencia es importante porque la informalidad también comprende trabajadores independientes, empleados sin protección social y actividades desarrolladas por fuera de las calles.

La Política Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales alcanzó un avance del 45,05% en 2025, por encima del 41,77% previsto. Pese a ese cumplimiento general, las áreas de fortalecimiento institucional y participación ciudadana presentaron una brecha negativa del 5,5%.

Para Manuela Mejía Pérez, investigadora y miembro fundadora del Centro de Estudios Manuel Ramírez, la inclusión productiva no puede limitarse a retirar a los vendedores del espacio público. Las políticas también deben ayudarlos a aumentar sus ingresos, fortalecer sus negocios y acceder a mercados formales.

Los resultados sugieren que regular el uso de las calles no produce automáticamente nuevas oportunidades económicas. Sin alternativas de financiación, capacitación, canales de comercialización y protección social, el traslado o la reubicación pueden cambiar el lugar de trabajo sin resolver la informalidad.

Trámites y regulaciones afectan especialmente a los pequeños negocios

Los estudios regionales no atribuyen la informalidad a una sola causa. En cambio, muestran cómo la combinación de costos, instituciones débiles y regulaciones poco proporcionales puede reducir los incentivos para ingresar o permanecer en la economía formal.

En Argentina, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento identificó 150 tributos, de los cuales 82 son municipales. El análisis advierte que aplicar las mismas exigencias a negocios con tamaños y niveles de riesgo diferentes puede afectar especialmente a las pequeñas empresas.

En Guatemala, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales encontró que el trámite de una licencia sanitaria llegó a tardar entre cinco y ocho meses durante 2025. Estos plazos pueden retrasar la entrada de nuevos competidores o mantener unidades productivas operando por fuera de la regulación.

La investigación de El Salvador, desarrollada por FUSADES, reveló que solamente el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022, pese al grado de apertura comercial del país. El dato evidencia que estar registrado legalmente no garantiza el acceso efectivo a mercados internacionales.

En Bolivia, la Fundación Milenio identificó una relación entre baja libertad económica, informalidad, baja productividad y crecimiento empresarial limitado. Su análisis plantea que la formalización debe ofrecer beneficios concretos, como acceso a financiación, nuevos mercados y oportunidades de expansión.

La formalidad debe convertirse en una oportunidad económica

“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, afirmó Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.

El foro LATAM Sin Barreras reunirá los resultados de las cinco investigaciones en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá. El encuentro contará con la participación de Norman Loayza, director de Indicadores Globales del Banco Mundial, y buscará construir una agenda regional alrededor de la libertad económica.

Los hallazgos no plantean la eliminación generalizada de regulaciones. Proponen reglas proporcionales, predecibles y transparentes, junto con instituciones capaces de facilitar el acceso a financiación, mercados y procesos digitales más simples.