Colombia tropieza en la ejecución de su política climática

Colombia sigue enfrentando una fractura entre el diseño de su política climática y su aplicación real en los territorios, pese a contar con marcos normativos robustos y una agenda ambiental cada vez más amplia. La advertencia la hizo Julia Ayuso, directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, en el marco del Día de la Tierra.

La experta sostiene que el país ha avanzado en instrumentos como la Ley de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia de Economía Circular, pero ese desarrollo normativo no se ha traducido con la misma fuerza en capacidad de ejecución local. El problema ya no está en el diagnóstico, sino en la implementación.

Julia Ayuso lo resume así “El país ha avanzado significativamente en la formulación de estrategias como la Ley de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia de Economía Circular. Sin embargo, la principal barrera sigue siendo estructural: existe una brecha profunda entre la política diseñada en el nivel nacional y su implementación real en los territorios”.

El cuello de botella está en la gobernanza local

La lectura de Ayuso apunta a dos obstáculos centrales: falta de articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales y limitaciones de recursos técnicos y financieros para ejecutar lo pactado. En otras palabras, Colombia ya formuló parte importante de su hoja de ruta, pero no ha resuelto cómo aterrizarla con consistencia en el terreno.

A eso se suma un problema de gobernanza. “La sostenibilidad requiere control efectivo del territorio, y hoy esa gobernanza es fragmentada, especialmente en zonas donde confluyen intereses ambientales, económicos y de seguridad”, afirmó Ayuso.

Ese punto es decisivo para entender la fragilidad de la política climática colombiana. Sin capacidad institucional en los territorios, la sostenibilidad queda subordinada a disputas locales, restricciones presupuestales y debilidad en el control del uso del suelo.

El greenwashing se volvió más difícil de detectar

La experta también alertó sobre otro frente que está ganando complejidad: el greenwashing. Según Ayuso, en 2026 este fenómeno se ha sofisticado y ya no se expresa solo en mensajes abiertamente engañosos, sino en narrativas parciales que destacan atributos positivos mientras ocultan impactos más amplios.

“El greenwashing ya no es evidente. Hoy muchas empresas destacan atributos positivos mientras omiten su impacto global, o anuncian metas de carbono neutro sin planes verificables a corto plazo”, explicó.

Ayuso añadió que incluso está emergiendo el fenómeno contrario: el greensilencing, donde las empresas prefieren no comunicar avances para evitar escrutinio. La recomendación, tanto para consumidores como para actores del mercado, es exigir trazabilidad y verificación. “La mejor defensa es exigir datos, no eslóganes”, señaló.

Regulación, incentivos y transparencia: la combinación que falta

Frente a los mecanismos más eficaces para mover la sostenibilidad empresarial, Ayuso descarta soluciones únicas y plantea una combinación de tres elementos: regulación exigible, incentivos bien diseñados y mecanismos de transparencia.

La experta fue directa: “La regulación sin control no funciona, y los incentivos sin condiciones verificables tampoco”.

Esa afirmación tiene una implicación relevante para el mercado colombiano: la transición sostenible no depende solo de voluntades corporativas ni de declaraciones públicas, sino de un sistema que premie el cumplimiento real y sancione la simulación. Ayuso subrayó además que esos instrumentos deben ser accesibles para las pequeñas y medianas empresas, que concentran gran parte del tejido productivo nacional.

La inacción ya cuesta dinero

Otro de los puntos más contundentes del análisis es el económico. Ayuso rechaza la idea de que la sostenibilidad sea un costo adicional y la redefine como una variable de competitividad y supervivencia. “El coste de la inacción es mayor. Los eventos climáticos extremos ya están generando pérdidas directas para los sectores productivos”, afirmó.

También recordó que los mercados financieros están premiando a las empresas con mejor desempeño ambiental y castigando a las que no pueden demostrarlo. La sostenibilidad, en esta lógica, no es solo una obligación reputacional: es una señal que empieza a afectar acceso a capital, eficiencia operativa y oportunidades de negocio.

Tecnología sí, pero con escala pública

Ayuso reconoce además el potencial de la tecnología en la gestión ambiental. Señala que la inteligencia artificial ya permite anticipar deforestación, optimizar recursos en agricultura y mejorar decisiones en gestión ambiental. Pero insiste en que el reto no está en la prueba de concepto, sino en la capacidad de escalar estas herramientas y convertirlas en política pública efectiva