Contraloría advierte que no es viable trasladar ahorros del RAIS a Colpensiones

La Contraloría General de la República advirtió que no es jurídicamente viable aplicar el decreto que busca trasladar a Colpensiones los recursos pensionales hoy administrados por los fondos privados. El organismo de control concluyó que la propuesta del Ministerio de Trabajo choca con la normativa vigente y podría desviar ahorro pensional de largo plazo hacia gasto corriente asociado al pago de mesadas.

El pronunciamiento no es menor. Con corte a febrero, ya se habían trasladado 119.496 personas desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), con recursos cercanos a $24,7 billones. De ese universo, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión y 100.989 todavía no lo han consolidado.

La advertencia central de la Contraloría

La Contraloría sostuvo que el borrador de decreto presentado por el Ministerio de Trabajo pretende reglamentar el traslado de recursos desde el RAIS hacia Colpensiones, pero el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 establece que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe seguir siendo administrado por los fondos hasta que se consolide el derecho pensional.

Por eso, el comunicado es categórico: “No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión.”

Ese punto es clave porque desmonta la base operativa del decreto. La mayoría de los afiliados trasladados aún no cumple las condiciones para pensionarse, por lo que sus recursos no podrían ser movidos a Colpensiones en los términos planteados.

El riesgo fiscal que detectó el ente de control

La observación de la Contraloría no se limita a un debate jurídico. También pone sobre la mesa una alerta fiscal de fondo: que los recursos acumulados para ahorro pensional terminen usándose para financiar gasto corriente.

En el análisis del órgano de control, ese movimiento implicaría que dinero concebido para sostener obligaciones de largo plazo se destine al pago inmediato de mesadas. Eso aliviaría caja en el corto plazo, pero deterioraría la sostenibilidad futura del sistema.

La propia entidad lo resumió así: “La obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla.”

El vacío institucional que frena el traslado

La Contraloría también advirtió que, incluso para las 18.507 personas que ya tendrían derecho a pensión, persiste un obstáculo operativo. Según el Decreto 1225 de 2024, los recursos deben permanecer en las AFP mientras no entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Y ese fondo todavía no opera.

Sin ese vehículo institucional, no existiría un mecanismo legal ni administrativo para recibir los recursos que el decreto pretende trasladar. Esa ausencia, según la Contraloría, invalida en la práctica la solicitud del Ministerio de Trabajo.

Una reforma suspendida y bajo revisión constitucional

El pronunciamiento llega además en un momento de alta incertidumbre jurídica. La Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal la declara exequible, los recursos ahorrados irían al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones para el pago de mesadas derivadas de estos traslados.

Ese detalle cambia por completo la discusión. No solo cuestiona el contenido del borrador de decreto, sino también su oportunidad y su viabilidad práctica bajo el marco legal actual.

Lo que está en juego

La advertencia de la Contraloría eleva la tensión alrededor de la reforma pensional y de su reglamentación. No se trata solo de una disputa entre fondos privados y Colpensiones, sino de la forma en que el Estado administra ahorro de largo plazo sin comprometer la estabilidad fiscal futura.

Si el Gobierno insiste en un traslado sin soporte normativo ni mecanismo institucional vigente, el debate dejará de ser técnico. Se convertirá en un choque de alto impacto jurídico, fiscal y político sobre el manejo del ahorro pensional de millones de colombianos.