Decreto 1191 genera choque entre el Gobierno y la industria forestal

La industria forestal colombiana encendió alertas frente a lo que considera una amenaza directa a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad. La Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y solicitó la suspensión provisional urgente de sus efectos.

La norma autoriza al Estado a vender de forma anticipada bienes que apenas se encuentran en etapas iniciales de procesos judiciales, una medida que, según el gremio, desconoce precedentes fijados por la Corte Constitucional, vulnera el debido proceso y desvirtúa el carácter reparador del Fondo para la Reparación de Víctimas.

Impacto directo en proyectos y comunidades rurales

De acuerdo con FEDEMADERAS, la aplicación del decreto expone a más de 4.000 familias al riesgo de perder sus predios y podría comprometer proyectos productivos que superan las 100.000 hectáreas vinculadas a la red forestal del país. El gremio advierte que la medida no solo afecta inversiones privadas, sino que revictimiza a comunidades vulnerables que han retornado a sus tierras para hacerlas productivas tras años de desplazamiento.

Un sector con potencial, pero con barreras estructurales

Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de FEDEMADERAS, señaló que el país enfrenta un dilema estructural: pese a contar con alta aptitud forestal, el sector aporta menos del 1 % al PIB, la madera representa menos del 2 % de los materiales usados en construcción, el consumo per cápita no supera 0,15 m³ anuales, y la balanza comercial es deficitaria en más de USD 923 millones.

Según el gremio, estas cifras reflejan que la falta de estabilidad jurídica limita la inversión, frena la reindustrialización y reduce el impacto de la economía forestal en el desarrollo rural y sostenible.

FEDEMADERAS subrayó que una seguridad jurídica real y estable es indispensable para atraer inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos como la bioeconomía, la soberanía alimentaria y el desarrollo regional. En ese sentido, el gremio reiteró su respaldo a la reparación integral de las víctimas, pero advirtió que las decisiones públicas deben ajustarse estrictamente a la Constitución y la ley.

El gremio concluyó que la demanda busca preservar la confianza en el marco institucional y evitar impactos irreversibles sobre proyectos productivos, empleo rural y comunidades que dependen de la industria forestal. Para el sector, el debate trasciende un decreto específico y se instala en el corazón de la seguridad jurídica como pilar del desarrollo económico.